Raúl Prada Alcoreza
¿De qué manera se pueden entender los desafíos del año? Creo que no depende tanto de una planificación ni de una programación, estos instrumentos pueden intervenir, empero no modifican la coyuntura. La coyuntura viene definida y condicionada por los acontecimientos, por el perfil de los mismos y la correlación de fuerzas inherentes a los mismos. Lo que queremos decir específicamente es que el año va estar signado por los acontecimientos desbordantes de la crisis del gasolinazo, que ha destapado variadas problemáticas cobijadas en las entrañas mismas de los procesos en curso.
Una de las primeras problemáticas destapadas es la relativa al proceso de nacionalización. Lo que se ha comprobado con la crisis y particularmente con la medida, con las causas y consecuencias de la medida, es que no hubo nacionalización, esta no se hizo carne, no se materializó. El decreto “Héroes del Acre” fue el marco normativo inicial del proceso de nacionalización, que no pudo seguir adelante, se quedó en la modificación de los contratos con las empresas trasnacionales, en la compra de acciones y el nombramiento de los directorios de las empresas nacionalizadas, que se convertían en subsidiarias de YPFB Corporación. El control técnico del proceso de producción quedó en manos de los verdaderos monopolios de los mercados, de los monopolios comerciales, de los monopolios tecnológicos, de los monopolios financieros, de los monopolios del capital, que son las trasnacionales.
A través de estos monopolios también mantuvieron el control efectivo de la producción, de los ritmos de la producción, de las inversiones, de las posibilidades de exploración y de las posibilidades de explotación. La empresas trasnacionales decidieron sobre los detalles técnicos y por lo tanto sobre la conducción efectiva de todo el proceso; bajo estas condiciones se dieron la oportunidad de boicotear la refundación de YPFB, empresa estatal a la que la convirtieron en una mera administración de los flujos comerciales, impidiendo de este modo la refundación misma, es decir, el paso a una empresa productiva, exploradora, explotadora, a cargo de las plantas de separación, de las plantas de refinación, base de la industrialización, controlando efectivamente los flujos de los ductos, la composición cualitativa de lo que se manda y valorizando el valor. La Constitución Política del Estado dice que el pueblo boliviano es el propietario de los recursos naturales y el Estado un administrador, empero con esta situación, con los monopolios múltiples de las trasnacionales que hacen de condicionantes y de sitio de los yacimientos, así como del Estado, las trasnacionales controlan efectivamente toda la valorización del valor que se efectúa a través de los flujos hidrocarburíferos.
La lógica de la ganancia, sobre todo de la rentabilidad del capital, ha preponderado, a través de un sistema organizativo y de un sistema de redes complejas, en la lógica de la gestión de estas empresas, ya sea en su condición de socias, ya sea en su condición de subsidiarias. Para sacar una conclusión de lo ocurrido, podemos decir que esta “nacionalización” sui generis, que no expropió a los expropiadores, que son las empresas trasnacionales, verdaderos monopolios del capitalismo contemporáneo, no dio los resultados esperados, el control total del Estado de toda la cadena productiva.
Los contratos de operaciones fueron los mecanismos legales para producir la desnacionalización dentro del mismo proceso de nacionalización. Fueron los mecanismos legales que terminaron legitimando la usurpación y la desposesión por parte de las trasnacionales de los recursos hidrocarburíferos. Se terminó legalizando el robo efectuado durante el periodo neoliberal con la privatización llamada capitalización. Se terminó paradójicamente legalizando lo ilegal de la normativa de la capitalización.
Entonces, como se podrá ver, después de la asonada popular que resistió al gasolinazo y obligó a la abrogación del decreto 748, queda como desafío reconducir el proceso de nacionalización a una efectiva nacionalización.
Otra problemática que se destapó es la distancia del gobierno respecto de los movimientos sociales, también la distancia de la imagen que tiene el gobierno de la realidad y la realidad misma. No coinciden. El gobierno quedó atrapado en la arquitectura del viejo Estado, el poder tomó al MAS y no fue el MAS el que tomó el gobierno. Se terminó administrando la crisis que dejó el neoliberalismo, sin poder lograr una ruptura completa con este proyecto de desposesión y de suspensión de los derechos sociales conquistados. La medida que se tomó tiene una evidente estructura neoliberal, no sólo por su característica, ser una medida de shock, sino también por su propia estructura y composición, fue elaborada con los argumentos e instrumentos neoclásicos del supuesto equilibrio macroeconómico.
En otras palabras, esto comprueba que no hemos salido de la funcionalidad liberal de los mecanismos y engranajes de los aparatos estatales, las formas organizacionales funcionales a la administración neoliberal de los ministerios, de la mentalidad de funcionarios que no tienen otra concepción que este apego a los instrumentos del monetarismo.
REAL BIFURACIÓN ENTRE GOBIERNO Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Por lo tanto el proyecto de los movimientos sociales quedó en el imaginario de los sujetos de los movimientos, empero el imaginario gubernamental restauró la racionalidad administrativa y de la administración de los procedimientos, heredados de la sedimentación dejada por los gobiernos anteriores, liberales, nacionalistas y después neoliberales.
Este distanciamiento, entre gobierno y movimientos sociales, es la real bifurcación que existe; la otra bifurcación, imaginada en teoría, como la relativa a la consolidación de una hegemonía, es una hipótesis falseada. La movilización en las calles de las marchas de multitudes que se opusieron al gasolinazo, es decir, la elocuencia y la evidencia del enfrentamiento a la medida del gobierno, muestran esta verificada separación. ¿Qué hacer para articular proyecto político y proyecto de los movimientos sociales? Esta es una tarea que compete a la reconducción de todo el proceso. Esta reconducción no pueden hacerla sino los movimientos sociales. Son los actores, los protagonistas, los actores, los portadores y el contenido del proceso, por lo tanto son los movimientos sociales los únicos que pueden reconducirlo.
Otro desafío pendiente es el que tiene que ver con la aplicación de la Constitución Política del Estado. Se trata de la tarea de fundación del Estado Plurinacional Comunitario y autonómico, por lo tanto de la ruptura histórica con el Estado-nación.
Esta tarea ha quedado pendiente debido a mas bien acciones de restauración del viejo Estado, formas de restauración que no solamente se encuentran en la repetición de la viejas prácticas, la mantención de las antiguas normas y procedimientos, sino también en la incomprensión de la propia Constitución, así como del proceso, por lo tanto a la falta de entendimiento del espíritu constituyente, por parte de los funcionarios, los abogados y asambleístas encargados de elaborar la leyes fundacionales. Las leyes elaboradas y aprobadas llegaron a ser meramente transicionales, alejadas de la condición exigida por la Constitución; deberían ser fundacionales del nuevo Estado.
Este desafío, el de la aplicación consecuente de la Constitución, por lo tanto el de la fundación del Estado plurinacional, que implica transformaciones estructurales institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, es quizás el desafío más primordial, por cuanto su contexto abarca los alcances de los otros desafíos.
Otro desafío indispensable de mencionar es el que tiene que ver con el cambio de modelo económico, salir del modelo extractivista, que nos condena a la dependencia, e ingresar al modelo productivo, que debería romper con las formas de dependencia, pasando por una industrialización articulada a la soberanía alimentaria, en el marco de una economía plural, articulada y complementaria, con enfoque territorial, en la perspectiva de la economía plural y comunitaria. Este Estado plurinacional comunitario y autonómico forma parte del modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien.
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