GANANCIAS EXTRAORDINARIAS DE LAS TRANSNACIONALES PETROLERAS

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Con el D.S. 28701 no hubo nacionalización de los hidrocarburos ni captura de la renta petrolera.

La falsa nacionalización del gobierno de Evo Morales ha provocado que el país no retenga la renta petrolera. El objetivo central de toda nacionalización ha sido y es retener el excedente petrolero. En la actualidad las empresas extranjeras en Bolivia ganan más que en el período neoliberal y quieren más como se ha visto con el “gasolinazo” contenido en el D.S. 748.

Mirko Orgáz García

La no industrialización de los hidrocarburos, la no refundación de YPFB, la firma del contrato de venta de gas a Chile vía la Argentina sin tener reservas suficientes y cuantificadas, la preeminencia de Petrobras y Repsol en la exploración y explotación petrolera en detrimento de YPFB, la improvisación en el establecimiento de políticas en el ente operativo estatal, y el reciente “gasolinazo” que pretendió transferir el déficit fiscal y las ganancias extraordinarias de las petroleras sobre las espaldas del pueblo, muestran de cuerpo entero la falsa nacionalización del sector de los hidrocarburos contenido en el Decreto 28701 de mayo de 2006.

Evo Morales ganó las elecciones el año 2005 en hombros de la rebelión de octubre para dar cumplimiento a la denominada “Agenda de Octubre” que exigió una verdadera nacionalización, refundación de YPFB e industrialización de los hidrocarburos.

Sin embargo, en el gobierno y luego de cuatro meses de cabildeo con el poder transnacional, Evo Morales emitió el 1 de mayo de 2006 el Decreto Supremo 28701 de “nacionalización” que significó simplemente la migración de contratos petroleros que profundizaron las condiciones excepcionales de las transnacionales Petrobras y Repsol YPF en la exploración y explotación de hidrocarburos en Bolivia. Por tanto, el 1 de mayo de 2006, no hubo ninguna reversión de áreas petroleras como en 1936, ni expropiación de activos como en 1969.

Por el contrario, con la firma de nuevos contratos petroleros el año 2006, a través de una figura jurídica inexistente en el ordenamiento legal del país, según Enrique Mariaca, se permitió la permanencia por 30 años más a empresas petroleras que robaron y saquearon a los bolivianos en el mal llamado proceso de “capitalización” (1996-2006), como fue probado en las auditorías petroleras, y se continuó viabilizando la aplicación de una política colonial de exportación del gas como materia prima al mercado externo, en detrimento de YPFB, y de los procesos de industrialización del gas en Bolivia.

El Decreto Supremo 28701, expresó la pobreza programática del gobierno de Evo Morales, y simplemente dio cumplimiento a la Ley 3058 que establecía un aumento del 32 % de IDH, gracias a las luchas del pueblo boliviano los años 2000-2005.
La falta de nacionalización del gobierno de Evo Morales provocó que el país no retenga la renta petrolera.

EL OBJETIVO CENTRAL DE TODA LA NACIONALIZACIÓN ES RETENER LA RENTA PETROLERA

El objetivo central de toda nacionalización ha sido y es retener el excedente petrolero.
Bernard Mommer, dice que la lucha de los países productores de petróleo en el mundo fue el control y apropiación de la renta petrolera a través del control de precios, volúmenes de exportación y control de la industria a través de la creación de empresas petroleras nacionales.

Mommer, sintetizó en esta tríada, el resultado final de los procesos de nacionalización que se dieron en el medio oriente en los 70s y 80s a través de la apropiación de la renta absoluta, como algo diferente de los beneficios normales.

David Ricardo desarrolló el concepto renta como algo diferente a los beneficios normales, concepto que iba a ser el centro de la batalla entre las naciones-estados y las compañías petroleras. “Su estudio práctico hablaba de cereales, pero también podía aplicarse al petróleo. Supongamos que hay dos terratenientes, decía Ricardo, uno con tierras mucho más fértiles que las del otro. El último obtenía, tal vez, unos beneficios, pero el primero, el que tenía las tierras más fértiles, recibía no solamente un beneficio, sino también algo mucho mayor, rentas. Sus ingresos –rentas– se derivaban de las cualidades particulares de sus tierras, que no son fruto de su ingenio o de su trabajo denodado, sino solamente del legado fértil de la naturaleza. El petróleo era otro legado de la naturaleza. Su presencia geológica no tenía nada que ver con el carácter o las tareas de las gentes que vivían sobre él o con la naturaleza de un régimen político específico que reinaba en la región donde se encontraba ese petróleo. Este legado también generaba rentas, que se podían definir como la diferencia entre el precio del mercado, por una parte, y por la otra, los costes de producción más una parte para los costes adicionales –transporte, proceso y distribución– y para algo de rendimiento sobre el capital. Por ejemplo, a finales de la década de 1940, el petróleo se estaba vendiendo a alrededor de 2,50 dólares el barril. Algunos propietarios de campos en Texas solamente sacaban diez centavos en cada barril. Pero en Oriente Medio, no costaba más que veinticinco centavos producir cada barril. Deduciendo cincuenta centavos para otros costes, tales como transporte, y reservando un ‘beneficio’ de diez centavos por barril vendido a 2,50 dólares, quedaba una jugosa cifra de 1,65 dólares en cada barril producido en Oriente Medio. Esta suma constituía la llamada renta. Si se multiplicaba por los siempre creciente números de producción, la cantidad de dinero aumentaba rápidamente.

¿Y quién –el país anfitrión, la compañía productora o el país consumidor que les aplicaba impuestos– se quedaría con una u otra parte de esas rentas?

Para los países productores estaba claro que una mayor renta o la totalidad de la misma les pertenecía por ser propietarios del petróleo. Y esa será la convicción de los países productores para acometer la lucha por la nacionalización de la renta petrolera en el siglo XX.

Bernard Mommer aclara que “el contenido esencial de la nacionalización del capital arrendatario internacional consistió en la determinación soberana de la renta del suelo por los países petroleros mismos; en particular ello significó el manejo libre y soberano de las dos variables decisivas que determinan esta renta: la renta por barril y el volumen de exportación”.

La propiedad territorial genera una renta del suelo máxima precisamente cuando es explotada por una empresa estatal. De ahí la importancia de la creación de las compañías nacionales.

BOLIVIA NO CAPTA LA RENTA PETROLERA

El escándalo de la falsa “nacionalización” llega a su máximo cuando se analiza la distribución del excedente. Las ganancias extraordinarias de las empresas extranjeras se han incrementado a pesar del discurso gubernamental de que se ha volcado la tortilla a favor del estado boliviano con la “nacionalización”.

1.- GANANCIAS EXTRAORDINARIAS POR EL AUMENTO DE PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Cuando las empresas recibían 82%, en el marco de la Ley gonista 1689, lo hacían sobre un precio promedio de 1,30 el Millón de BTU de gas natural. Lo que significaba 1,06 dólares para ellas y 24 cts. para el estado boliviano.

Desde el 2005 adelante, bajo la escalada de precios del barril de petróleo en el mercado internacional y la aprobación de la Ley 3058, las petroleras reciben, entre costos recuperables y utilidades, cerca del 50%, ello significa que a un precio promedio de 6 dólares el Millón de BTU, 3 dólares para las empresas y 3 dólares para el estado boliviano. Es decir, las petroleras, aún con la disminución a un 50% ganan mucho más que en el período neoliberal, gracias al aumento de los precios del recurso que es “propiedad” de Bolivia, a pesar de que las empresas deberían ganar exactamente una tasa de ganancia mínima derivada de su capital o inversión real. Estas empresas se apropian de las ganancias extraordinarias que deberían ser en su totalidad del estado propietario de los hidrocarburos.

Esta situación es ostensible cuando se analizan las “inversiones” petroleras y sus utilidades los años 2005-2010.

2.- ¿INVERSIONES PETROLERAS?

Primero que existe una tremenda distorsión y confusión en el tema de las inversiones petroleras que ha imposibilitado diferenciar costos operativos e inversiones, inversiones en exploración e inversiones en explotación.

Segundo, la contabilidad petrolera del gobierno del “cambio” es básica e insuficiente y no guarda relación con el abc de la contabilidad petrolera mundial. Veamos.

Por las luchas del pueblo boliviano, YPFB percibe el 50 por ciento de los ingresos hidrocarburíferos consistente en regalías, IDH y participación, Tesoro General de la Nación (TGN); el restante pasa a la petroleras, según los contratos, bajo la modalidad de costos recuperables (variable contable inexistente en el mundo petrolero) y utilidades, que prácticamente, con algunas diferencias también alcanzan al 50 por ciento.

Gracias a la información proporcionada por YPFB, Justo Zapata, miembro de UNADERENA, sostiene que las petroleras recibieron ganancias que en algunos casos llegaron a tres veces sus niveles de inversión.

En el año 2005 dichas firmas invirtieron $us. 246 millones y percibieron 377 millones. Para el 2006 su situación fue mejorando de 274 millones recibieron 790 millones. En la siguiente gestión de 299 millones triplicaron sus ganancias hasta llegar a los 900 millones. El 2008 invirtieron 384 millones y se llevaron del país 1068 millones. En la siguiente gestión subieron sus inversiones a 612 millones y recibieron cerca de 1100 millones. Para el año pasado sus datos consignaron los 800 millones de inversión y 1280 millones de ganancia.

En resumen con una inversión de $us. 2620 millones en el período 2005-2010 recibieron 5.551 millones, el doble, pese a las quejas y denuncias de que en Bolivia “no se respeta a la inversión privada y no existe seguridad jurídica”.

3.- PRECIOS DE REALIZACIÓN: ¿CUÁNTO DEBE COSTAR EL GAS Y CUÁNTO NOS PAGAN?

Un análisis técnico riguroso, establece que el precio del Millón de BTU´s, por su calor calorífico, debe ser un sexto del barril de petróleo. Es decir, si hoy el barril de petróleo tiene un precio de 90 dólares, el gas debe tener 16 dólares, mucho más valor si incluimos su valor medioambiental, pero nos pagan 6 de los cuales, hemos visto, se quedan con 3.

Pero en cuánto realizan este producto en sus mercados. El año 2005, Petrobrás pagaba por el gas boliviano 1.30, pero realizaba ese producto en San Pablo en 22,7 dólares. La española Repsol-YPF llegó a pagar el año 2004, 0.98 US$/mpc, precio “solidario” de Carlos Mesa, y realizar ese producto en Buenos Aires en 8 dólares.

Actualmente, con datos del estado brasileño, el MMBTU, cuesta 23 dólares en el mercado del Brasil.
Aún más, se ha calculado en 10 mil millones de dólares las utilidades percibidas por la transnacionales Petrobras (65% de capital norteamericano y 35 del estado brasileño) por esta operación de comprar barato al pueblo boliviano y vender caro al pueblo brasileño.
Esta es la cifra mágica que explica la oposición del poder transnacional a que Bolivia consuma e industrialice su gas natural.

LAS AUDITORÍAS PETROLERAS PROBARON QUE LAS TRANSNACIONALES NO INVIERTEN Y TIENEN GANANCIAS EXTRAORDINARIAS

Las conclusiones y recomendaciones del Informe Final de las Auditorías Realizadas a las Empresas Petroleras de julio de 2006-marzo 2007, señalan expresamente que las transnacionales no invierten lo comprometido.

Las auditorías probaron que las empresas sólo invirtieron desde 1995 hasta el 30 de abril de 2006, 2288 millones, pero efectuados los ajustes de auditoría y descontando la amortización efectuada por las operadoras dejaron inversiones de 1754 millones.

Por otra parte, las auditorías demostraron que las inversiones en los megacampos ya se pagaron con las considerables utilidades percibidas. En el caso, San Alberto, descubierto por YPFB y cedido en 12 millones de dólares a PETROBRAS realizó una inversión declarada hasta abril del 2006 de 342,83 MM$; la auditoría la ajustó en 284 MM$. El ingreso bruto de ese período fue de 1.072,3 MM$, con egresos de 582,31 y una utilidad neta de 418,83 MM$. La rentabilidad financiera fue de 39,06%.

Queda claro que PETROBRAS ha recuperado dos veces su inversión, y continúa percibiendo “utilidades”, es decir, ganancias extraordinarias hasta ahora con este campo. Esta situación se repetiría con los megacampos San Antonio, Itaú y Margarita.

Por todo esto, el insigne patriota Enrique Mariaca, rechazó el “amago de nacionalización” contenido en el decreto 28701 del año 2006 y exigió la “nacionalización plena de los hidrocarburos” y, por supuesto, la difusión de los resultados de las auditorías que el gobierno del MAS se empeña en seguir ocultando.

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