Con artificial alborozo las autoridades de gobierno festejaron ayer el quinto aniversario del nacimiento del Decreto Supremo No. 28701, de nacionalización de hidrocarburos, que fue promulgado en el entonces considerado megacampo San Alberto, aquí en Tarija, el 1 de mayo de 2006. A este decreto le atribuyeron el ingreso, en esos cinco años, de nada menos que 9.494 millones de dólares por la explotación hidrocarburífera.¿Es históricamente y fácticamente cierta esa versión?
Veamos. Esos millones provienen del pago de regalías hidrocarburíferas, participaciones y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que nació el 17 de mayo de 2005, cuando se promulgó la Ley de Hidrocarburos No. 3058, cuando se crea una alícuota del 32% del valor de la producción petrolera. Las regalías y participaciones existen desde hace décadas y equivalen al 11% + 7% = 18% del valor de la producción de gas y petróleo. 18% más 32% hacen 50% de renta petrolera atribuible exclusivamente a la Ley 3058, que existía un año antes del decreto 28701.
El decreto nacionalizador de 1 de mayo de 2006 creó una participación adicional de YPFB por la actividad petrolera, equivalente al 32%. 18% + 32% + 32% es igual al 82%. Pero éste último 32% duró poco, tanto como el corto tiempo de vida que tuvo precisamente el decreto 28701. Un año exactamente, porque éste feneció el 1 de mayo de 2007, cuando se pusieron en vigencia plena los 44 contratos petroleros que el Gobierno firmó con las transnacionales el 29 de octubre de 2006, una vez que éstos fueron aprobados por ley en el entonces Congreso Nacional.
Desde el 1 de mayo de 2007, en consecuencia, la suma volvió al 18% + 32% = 50%, pero con una variante importante que afectó los ingresos futuros del Estado boliviano: entre los 44 nuevos contratos petroleros YPFB firmó varios con cláusulas que la obligan a subvencionar las operaciones de campos denominados chicos. Ésta subvención hace que la percepción de ingresos sea menor al 50%. Las autoridades del Movimiento Al Socialismo cedieron sorprendentes concesiones a las petroleras a través de los polémicos anexos D y F, donde aceptaron pagar los sustanciosos “Costos Recuperables” que suman cientos de millones de dólares.
Como añadido, esos mismos contratos no incluyeron la obligación de las petroleras transnacionales para invertir en exploración, lo que derivó que en estos cinco últimos años sólo se dediquen a explotar los campos existentes, resultando en una drástica disminución de las reservas de gas y petróleo, que pone en riesgo el consumo interno a corto plazo.
¿Cuánto recaudó YPFB por la participación adicional del 32% que instituyó el decreto nacionalizador durante el año que estuvo vigente? La suma llega a 390 millones de dólares aproximadamente. En consecuencia, de lo $us.9.494 millones de dólares anunciados ayer, si restamos los 390 millones que debe atribuírselos a la nacionalización, el saldo, 9.104, le corresponde a la Ley de Hidrocarburos de mayo de 2005 y a la bonanza en los precios del gas y petróleo durante el quinquenio pasado.
¿Pudo ser más el ingreso por la actividad petrolera? Claro que si. Los expertos calculan que si se hubiese cobrado el valor de mercado (entre 300 y 500 millones de dólares anuales) de los licuables del gas que se fueron al Brasil a precio cero hasta el 2008 inclusive y que desde entonces a hoy sólo pagan un monto promedio de 100 millones de dólares, la renta hubiese llegado a por lo menos 12.494 millones de dólares.
Si a eso le añadimos el ingreso que hubiese logrado Bolivia si industrializaba el gas, tal como estaba previsto el año 2006, la renta petrolera fácilmente se hubiese duplicado o triplicado.
¿Hay razones de tanto artificial alborozo oficialista? ¿A quien le beneficia atribuirle méritos que no tiene el pobre decreto nacionalizador que apenas vivió un año?
FUENTE: Editorial de “El Nacional”, de Tarija
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