Desde entonces, el número de funcionarios creció de forma sostenida y se calcula que el 2010 superó los 150.000. Entre el 2006 y el 2007 el número de nuevos empleados fue mayor en el período de estudio pues llegó a 59.344, mientras que entre el 2007-2008 y el 2008-2009 fue de 6.446 y de 1.988 respectivamente.
El ministro de Autonomía, Carlos Romero, no ve esta situación como crecimiento de la burocracia, sino como una respuesta a los requerimientos de la naciente estructura estatal.
“Por ejemplo, tenemos 17 empresas públicas y ellas necesitan una estructura administrativa que las haga funcionar, pero luego ellas mismas costean sus costos. No es necesariamente crear funcionarios públicos”, justificó.
Una de las primeras acciones estructurales que tomo el gobierno de Morales fue el nacionalizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Luego se siguió con empresas como Entel y ENDE, mientras las mineras Huanuni y Vinto fueron recuperadas.
El 2009 se puso en vigencia la nueva Constitución Política del Estado, que creó una nueva estructura político-administrativa con la puesta en marcha, por ejemplo, de las autonomías departamentales. El 2010 se constituyeron las nueve asambleas departamentales en el país.
La cosa pública está integrada por los órganos Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Electoral, gobernaciones, municipios, Fuerzas Armadas, Policía, e instituciones como las descentralizadas. La institución militar y policial tienen un crecimiento vegetativo anual por la incorporación de nuevos cuadros, pero, paralelamente, otros pasan al servicio pasivo, se informó.
El diputado opositor y vocal del Comité de Presupuesto de la Comisión de Planificación de la Cámara Baja, Luis Gantier, consideró que un mayor número de funcionarios públicos lo único que generará es más burocracia estatal y más gasto del Tesoro.
“Está creciendo más la burocracia estatal debido a que el Estado se está convirtiendo en un Estado más centralistas y patrimonialista, que busca intervenir en muchos campos”, sostuvo
Según los informes de la Contraloría del año 2006, La Paz fue el departamento con más presencia de funcionarios públicos, 37.874; seguido por Cochabamba con 10.258 y Santa Cruz con 9.096.
Esas cifras se duplicaron el 2009. El número de funcionarios públicos en La Paz se elevó a 65.416; mientras que Santa Cruz le arrebató a Cochabamba el segundo lugar con 21.813 y el departamento oriental se quedó con 18.552 empleados estatales.
“En un Estado neoliberal el funcionario público cumplía una labor de mediación con la iniciativa privada. En el caso del Estado Plurinacional, el funcionario debe cumplir un rol de priorización del interés general”, explicó Romero.
El contralor Gabriel Herbas dijo que es entendible el crecimiento del número de servidores públicos, porque se nacionalizaron empresas y se crearon otras instancias al amparo de la Constitución. De hecho, esa situación genera que permanentemente se pida más recursos por el aumento de instituciones a fiscalizar.
Para el diputado del MAS Luis Alfaro si creció el número de funcionarios también aumentó la renta que el Estado otorga a municipios y gobernaciones.
A diferencia de los datos de la Contraloría, que no hace un disgregado por instituciones, el diputado oficialista José Yucra aseguró en el primer año de vigencia de la Asamblea Legislativa, 2010, el personal se redujo de 950 a 500.
Aunque no se facilitó una cifra exacta, se informó que el 2010 el número de funcionarios superó los 150.000. Un informe del número de declaraciones juradas 2010 se publicará en próximos días.
AL MENOS 40 NUEVAS INSTITUCIONES
P.C. Siete leyes aprobadas en la gestión 2010 y otros dos proyectos de ley, que son evaluados actualmente por la Asamblea Legislativa, derivarán en la creación de al menos 40 nuevas reparticiones estatales.
Las leyes de Lucha contra la Corrupción, Autonomía, Órgano Electoral, Órgano Judicial, Lucha contra el Racismo, de Juegos de Lotería y de Azar, y de la Procuradoría; además de los proyectos de ley de Unidades Territoriales y de la Década Productiva, prevén la creación de las nuevas reparticiones, según recuento de La Razón.
El ministro de Autonomía, Carlos Romero, aseguró que la creación de nuevas instituciones que manda la Constitución Política del Estado, “prácticamente han sido cubiertas”.
La Ley de Autonomías, aprobada en julio del 2010, prevé la creación de instancias como el Consejo Nacional de Autonomía, Consejos de Coordinación Sectoriales y el Servicio Estatal de Autonomía. Éste último creado en febrero de este año.
La Ley del Órgano Electoral, constituido como un cuarto poder a partir de la vigencia de la CPE, también refiere la apertura de instituciones como el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, el Servicio de Registro Civil (Sereci) y la Unidad Técnica de Fiscalización.
La Ley de Lucha Contra el Racismo, también crea instancias nuevas como el Comité contra el Racismo y Discriminación, la Comisión contra el Racismo y la Comisión contra la Discriminación.
“Puede ser que algunas instituciones puedan crearse en el marco de la implementación de las autonomías. Si más adelante se crean nuevas estructuras públicas seguro estarán asociadas a nuevos emprendimientos y empresas públicas”, explicó el ministro Romero.
Entre otras reparticiones estatales a crearse a futuro están la Escuela de Abogados y la Escuela de Jueces, dependiente de la Procuraduría del Estado.
Las autonomías también derivaron, por ejemplo, en la creación de asambleas legislativas en los nueve departamentos. El poder central cuenta con 20 ministerios de Estado.
FUENTE: Periódico La Razón
FOTO: Periódico La Razón
