LA SOLUCIÓN ISLANDESA POR MANUEL CASTELLS

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Islandia (en islandés: Ísland; AFI: [‘istlant]), oficialmente la República de Islandia, es un país localizado en el extremo noroeste de Europa, cuyo territorio abarca la isla homónima y algunas pequeñas islas e islotes adyacentes en el océano Atlántico, entre el resto de Europa y Groenlandia.4 Cuenta con una población de cerca de 331 000 habitantes y un área de 103 000 km².

La Vanguardia

En los albores del movimiento de indignados, se clamaba: ―Islandia es la solución!‖. Ahora,
cuando se agrava la crisis financiera y se extreman los recortes sociales en Europa, Islandia
crece al 2,3%, ha estabilizado su sistema financiero tras su colapso total en 2008, reducido el
paro y relegitimado su sistema político mediante la preparación de una nueva Constitución con
amplia participación ciudadana. Todo ello a partir de un movimiento de indignación popular
que inició el 11 de octubre de 2008 el cantante Hordur Torfason y fue luego amplificado
mediante internet.

Y es que Islandia se había convertido en ejemplo paradigmático de crecimiento basado en la
especulación financiera. En 2007 era el quinto país más rico del mundo en renta per cápita,
una riqueza generada por la rápida expansión de un sector financiero dominado por tres
grandes bancos que alimentaron con crédito fácil la expansión de la demanda interna e
incrementaron su capital ficticiamente usando las acciones de cada banco para comprar
acciones de los otros y así aumentar su valor. El patrimonio bancario equivalía al 800% del
PIB en 2007. Para ocultar sus maniobras crearon empresas en paraísos fiscales, como
Luxemburgo, la isla de Man, las islas Vírgenes e incluso Cuba, a través de las cuales usaban
sus capitales inflados como colaterales para pedir más préstamos internacionales. No lograron
pasar desapercibidos y en 2006 Fitch devaluó la solvencia de Islandia, suscitando una
minicrisis. Como reacción el Banco Central dobló sus reservas con un préstamo. Y la Cámara
de Comercio contrató académicos prestigiosos como Mishkin, de la Columbia Business
School, y Portes, de la London Business School, que certificaron (a cambio de jugosos
honorarios) la solidez de las finanzas islandesas. El Gobierno dependía de los bancos que
financiaron la campaña electoral del partido en el poder. Y los bancos practicaron la fuga
hacia adelante: crearon cuentas de ahorro por internet de alto rendimiento (Icesave) y las
popularizaron en el Reino Unido y Holanda. Era un típico esquema piramidal: con lo que
cobraban de unos pagaban a los otros mientras durara. Por otro lado, intercambiaron títulos de
deuda entre ellos (una práctica conocida como ―cartas de amor‖) y usaron dichos títulos como
garantía para obtener préstamos del Banco Central y del Banco Central de Luxemburgo, entre
otros. En abril 2008 el FMI advirtió al Gobierno que debía controlar a los bancos. La respuesta
fue pedir más préstamos internacionales. En septiembre el Banco Central compró 75% de las
acciones del Banco Glitnir (¿no le hace pensar en los 8.000 millones que el Estado español
invirtió en la recapitalización de las cajas?). En Islandia la acción del Banco Central tuvo el
efecto de destruir la confianza en el sistema financiero: en octubre de 2008 se hundió el valor
de las acciones y de los precios inmobiliarios y mucha gente se quedó sin ahorros y sin
empleo. Los bancos quebraron.

El pozo parecía sin fondo. Pero ahí intervinieron los ciudadanos. Miles se unieron a Torfason
en su protesta ocupando la plaza Austurvollar en enero 2009 cuando el Parlamento volvía de
vacaciones (que no interrumpió por la crisis). La cacerolada siguió durante días, pese a la
represión policial, forzando la disolución del Parlamento y nuevas elecciones. El partido de
gobierno se hundió y una alianza de socialistas y rojosverdes liderada por Johanna
Sigurdardottir llegó al poder. Los tres bancos fueron nacionalizados y reestructurados. Los
ahorros de los ciudadanos fueron protegidos por el Gobierno. Pero la decisión sobre las deudas
a extranjeros que habían invertido especulativamente fue sometida a referéndum. El 93% de
los islandeses votaron no devolver los 5.900 millones de dólares que se debían a inversores
ingleses y holandeses. Lo cual obviamente generó un litigio que está ahora en los tribunales.
Pero, ¿quién tiene jurisdicción en Islandia sobre la voluntad casi unánime del pueblo islandés? Pagina 10 de 23

Los economistas de siempre vaticinaron la catástrofe. Nada de eso. La devaluación de la
corona islandesa en un 40% (algo que no puede hacer Grecia) espoleó sustancialmente las
exportaciones de pesca y aluminio y abarató el turismo al tiempo que limitó las importaciones.
El paro descendió al 6,7%. El Gobierno adoptó medidas de austeridad pero apenas disminuyó
gastos sociales porque se ahorró el costo que hubiera representado recapitalizar a los bancos.
El conjunto de la economía se redimensionó a sus condiciones reales y la gente tiene empleo y
ahorros seguros, paga menos en vivienda y no se endeuda porque no le prestan. Los
acreedores internacionales podrían recuperar su dinero en la medida en que los bancos vendan
patrimonio, pero sin dinero público. Además se establecieron controles para evitar fuga de
capitales. Se pidieron responsabilidades al Gobierno anterior y el primer ministro Haarde está
siendo juzgado. Se decidió hacer una nueva Constitución abierta a la participación ciudadana.
Para ello, en noviembre de 2010 se designó un comité de 25 ciudadanos que supervisara el
proceso constitucional. Las reuniones del comité fueron transmitidas por streaming en
Facebook. En 2011, usando las redes sociales, miles de personas hicieron propuestas. 950
ciudadanos fueron elegidos al azar para discutir los ejes de la Constitución y informar en
tiempo real mediante Twitter. En julio se aprobó un borrador que será debatido en las redes
sociales y propuesto a referéndum.

Muchos dudan de la aplicabilidad de la solución islandesa a otros contextos. Sobre todo se
desdeña la posibilidad del impago de la deuda exterior por el castigo que infligirían los
mercados financieros. Y, sin embargo, se sabe que la deuda griega es impagable. El rescate
griego consiste en decidir cómo se reparte el enjuague de esa deuda entre ciudadanos griegos
(perdiendo sueldos y pensiones), ciudadanos europeos (que financiamos al BCE y al fondo de
estabilización de la UE) y los bancos acreedores. Se trata de impago en Grecia como en
Islandia. En un caso bajo control ciudadano, en otro mediante chanchullos entre gobiernos y
bancos para ver quién paga qué. El secreto mejor guardado es que la eventual solución griega
es la solución islandesa sin transparencia.

Fuente: La Vanguardia, 8.10.11 por Manuel Castells, sociólogo y profesor español.

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