Natalí Vargas/Página Siete
El Gobierno teme que Jindal Steel Bolivia utilice como pretexto la falta de provisión de gas y no cumpla con las inversiones comprometidas hasta abril de este año para el Proyecto Siderúrgico del Mutún. Por esto, agiliza la conciliación entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la firma india.
“Lo que no queremos es que la empresa utilice el pretexto del gas para no hacer la inversión porque el Estado no garantice la provisión de gas. Lo hemos dicho y lo reiteramos, el Estado garantizará la provisión de gas para el proyecto”, afirmó el viceministro de Desarrollo Productivo Minero, Freddy Beltrán.
La autoridad dijo que el Ministerio de Minería mantiene reuniones permanentes con Jindal e YPFB, intentando que de una vez se solucione el requerimiento de la empresa india.
Recordó que la construcción del gasoducto hasta Puerto Suárez para abastecer al Mutún demorará dos años y medio. “Si nos atrasamos, no arrancará el 2014 y para nosotros es importante en términos de plazo y de fechas políticas, incluso; estamos al límite, por eso estamos agilizando”.
En una reciente entrevista con Página Siete, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, manifestó que “si es cierta la demanda (de Jindal) de diez millones de metros cúbicos al día (MMmcd), entonces requerimos explorar, hacer pozos de desarrollo para aumentar producción; necesitamos certeza del proyecto”.
Esas actividades demandan cerca de 1.000 millones de dólares, por ello -según Villegas- se necesita saber la ingeniería del proyecto, el plan de inversiones, el cronograma de ejecución y el flujo de caja de la empresa, “porque sin esa documentación no podemos arriesgarnos”, señaló.
El gerente de asuntos legales de la siderúrgica, Jorge Gallardo, dijo el lunes a este medio que YPFB no tiene nada que perder porque en el contrato de suministro de gas, la empresa propuso una cláusula de take or pay por el uso de diez MMmcd. El ministro de Minería, José Pimentel, declaró ayer que ésa es “ una modalidad obligatoria en un contrato, pero para la viabilización queremos conocer el proyecto integral y el flujo de caja”.
En 2011, el Gobierno ejecutó una boleta de garantía de Jindal por 18 millones de dólares con el argumento de que la firma india no había cumplido con las inversiones a tiempo; y en diciembre pasado, la compañía abrió un proceso contra el Estado ante la Corte Internacional de Arbitraje de París para la devolución del monto ejecutado. La siderúrgica debe cumplir con una inversión de 300 millones de dólares por año. En abril el Estado auditará si cumplió con los compromisos de 2010 y 2011.
Según Beltrán, “hasta ahora el Gobierno mantiene la interrogante, “¿será que Jindal invertirá los $us 600 millones hasta abril? Jindal dice que ha cumplido pero son precontratos, no compró las plantas (de peletización). Seguimos con la interrogante”.
