Carlos Villegas y Andrés Soliz Rada se acusan de ocultar información

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“Si hubiesen considerado esos resultados (de las auditorías petroleras), lo que debió ocurrir era que YPFB tome el control completo e inmediato de los megacampos gasíferos de Sábalo, San Alberto, Margarita, Itaú y otros, en vez de suscribir nuevos contratos por otros veinte o treinta años con las mismas empresas que incurrieron en esas faltas. Para eso eran precisamente las auditorias, para documentar el fraude al Estado por empresas que trajo el gonismo”, dice este reportaje de El País de Tarija que desvela las terribles omisiones del gobierno con relación a las empresas transnacionales.

La vigencia del decreto de nacionalización de los hidrocarburos está en duda. El ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, que redactó junto a un equipo la norma y la firmó junto al gabinete de Evo Morales el 1 de mayo de 2006, ha advertido que el gobierno de Evo Morales la incumple, hecho que, afirma, ha derivado en millonarias ventajas económicas a las transnacionales petroleras que operaban en Bolivia antes del decreto y que ahora, seis años después, mantienen el control de las principales reservas del gas boliviano. ¿Que todo cambie para que nada cambie?
En réplica, el actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, acusó a Soliz Rada de haber ocultado información sobre el estado de las reservas de gas el año 2006 y de haber instruido a YPFB, entonces presidida por el dirigente del MAS y actual diplomático en Venezuela, Jorge Alvarado, no difundir esos datos.
Villegas añadió que Soliz Rada renunció en septiembre de 2006 porque “no quiso ejecutar” la nacionalización. “¡Qué moral tiene el señor Soliz Rada para criticar algo que él no quiso ejecutar porque se escapó! Renunció en el momento más importante. No había absolutamente nada, no tenía motivo para renunciar. Renunció porque no quiso enfrentar los momentos importantes de la nacionalización”, dijo Villegas, según un despacho de Radio Fides.
Villegas, que sucedió a Soliz Rada en septiembre de 2006 tras su renuncia, esperó casi seis años para revelar lo que considera el ocultamiento de la información sobre las reservas de gas.
El País consultó al ex ministro Soliz Rada sobre éste y otros temas no aclarados respecto del proceso nacionalizador, las auditorias petroleras y el rol de las transnacionales, así como la marcha de la industrialización del gas.

El País (EP).- El actual presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, ha afirmado que Ud. renunció al cargo de ministro de Hidrocarburos porque no quiso enfrentar los momentos importantes de la nacionalización y que esa renuncia fue, en los hechos, un escape. ¿Escapó Ud.?
Andrés Soliz Rada (ASR).- El que escapó fue Álvaro García Linera, que desautorizó la vigencia de la Resolución Ministerial 207 firmada por mí, por la que, ejecutando el decreto de nacionalización de hidrocarburos, recuperaba el control de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell, hasta entonces en manos de Petrobras, a favor del Estado boliviano. Villegas, mi sucesor, firmó la anulación de esa resolución y le devolvió a Petrobras el negocio.
Desde entonces hasta que se pagó a Petrobras por esas refinerías, ésta se benefició a costa de los bolivianos con el petróleo reconstituido que exportó a precios internacionales, obteniendo más de cien millones de dólares de beneficios indebidos.
Anteriormente, García Linera, Jorge Alvarado y Manuel Morales Olivera decidieron abrir negociaciones con Petrobras al margen del Ministerio de Hidrocarburos sobre los nuevos contratos petroleros, sin que estén aún concluidas las auditorias petroleras que mi despacho ejecutaba. Esas acciones hacían imposible mi permanencia en el despacho ministerial.

EP.- El gerente Nacional de Administración de Contratos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Edwin Álvarez Pantigozo, ha dicho que las auditorias petroleras ejecutadas en su gestión sí fueron aplicadas y que sus resultados han sido considerados en los anexos G de los contratos petroleros firmados en octubre de 2006. Villegas, al respecto, dice que el Gobierno sí está cumpliendo el decreto nacionalizador de 1 de mayo de 2006, hecho que le reporta al país ingresos económicos nunca antes vistos. ¿Es cierto eso?
ASR.- El vicepresidente Álvaro García Linera declaró hace tres años que las auditorias no servían para nada porque la realizaron sociólogos, antropólogos y gente que carecía de experiencia según él.
Las auditorias, ejecutadas por un equipo multidisciplinario de ingenieros petroleros, reservoristas, geólogos, auditores, financistas, etc., comandado por los ingenieros Javier Escobar y Enrique Mariaca, revelaron documentadamente fraude contable por parte de Repsol YPF e incumplimiento de los compromisos de inversión por parte de la Repsol, Petrobras y otras transnacionales. Si hubiesen considerado esos resultados, lo que debió ocurrir era que YPFB tome el control completo e inmediato de los megacampos gasíferos de Sábalo, San Alberto, Margarita, Itaú y otros, en vez de suscribir nuevos contratos por otros veinte o treinta años con las mismas empresas que incurrieron en esas faltas. Para eso eran precisamente las auditorias, para documentar el fraude al Estado por empresas que trajo el gonismo.
El mismo decreto preveía que YPFB se prepare para esa contingencia, por lo que se ordenó su refundación inmediata. El Gobierno tampoco cumplió con ese mandato, por lo que ahora tenemos una empresa dirigida por funcionarios interinos, y sumida en juicios penales por corrupción.
Lo que el Gobierno no explica es por qué se tomaron en cuenta sólo una parte de los resultados de las auditorias petroleras relacionadas a las amortizaciones pendientes y no las revelaciones de fraude contable e incumplimientos a compromisos de inversión, que constituyen delitos y son causales de expulsión del país. García Linera y Villegas deben explicar porqué no denunciaron estos hechos al Ministerio Público y prefirieron, por el contrario, mantener a Petrobras con el control de las refinerías y de los megacampos Sábalo y San Alberto. Esa sola decisión le cuesta diariamente al país el monto de dinero que Petrobras y Repsol se llevan por explotar esos campos al amparo de los contratos que suscribieron en octubre de 2006, y que el Congreso los avaló con el voto de la derechista Podemos, en marzo y abril de 2007.

EP.- ¿Está diciendo que el Gobierno ha “perdonado” delitos de las transnacionales y les ha dado, en premio, entre veinte y treinta años más de explotación del gas…?
ASR.- El ex presidente Paz Zamora reveló el año 2008 que los megacampos Sábalo y San Alberto fueron descubiertos el año 1990 por YPFB. Ese año él era presidente de Bolivia y anunció los descubrimientos reportados por los ingenieros bolivianos de YPFB, cuando personalmente visitó los pozos descubridores en el chaco tarijeño. Eran, en consecuencia, campos antiguos. Las auditorias petroleras de 2006-2007 confirmaron esos datos. Petrobras, que llegó al país de la mano de Sánchez de Lozada, los explotó como si fueran campos nuevos, pagando sólo el 18% de regalías y participaciones, como si ellos los hubieran descubierto. Los actuales contratos firmados por el gobierno de Evo Morales legalizan esa estafa, a contra ruta de lo que las auditorias petroleras revelaron. La explotación del gas de esos megacampos desde 1999, cuando empezó a exportarse gas a Brasil, pagó con creces hasta 2006 las inversiones en desarrollo de campos, sin embargo, con los Anexos F y G de los contratos de Evo a los que se refiere el Ing. Álvarez Pantigozo, Bolivia sigue pagando con la actual y futura producción de gas las supuestas inversiones efectuadas por Petrobras y Repsol. Yo no podía avalar esas irregularidades con mi presencia en el gabinete.

EP.- ¿Ocultó Ud. el informe de reservas de gas y petróleo el año 2006 como le acusa Villegas? ¿Instruyó a Alvarado hacerlo?
ASR.- Villegas tiene una memoria muy frágil. El contenido del informe de reservas de gas elaborado por DeGoyler & MacNaugthon no sólo que no fue ocultado, sino que el mismo presidente Evo Morales lo reveló y denunció en Córdoba, Argentina, el año 2006, cuando lo acompañé como ministro a una reunión del Mercosur. En la oportunidad, Evo denunció que DeGoyler hizo un informe con reservas a la baja como represalia por la reciente nacionalización de los Hidrocarburos.
Las auditorias petroleras que se realizaron en mi gestión, en cumplimiento del decreto de nacionalización, evaluaron la veracidad o inconsistencias del informe de DeGoyler & MacNaugthon sobre las reservas de gas al 31 de diciembre de 2005 que reportaban las transnacionales. Los resultados de esas auditorias revelan el estado preciso de las reservas. Sus conclusiones fueron entregadas en mano propia a Carlos Villegas el año 2007 por el ingeniero Enrique Mariaca. Las auditorias y sus resultados siguen siendo el secreto mejor guardado del gobierno de Evo y era y es obligación del presidente de YPFB difundirlos en su integridad. Lo lamentable es que la política de ocultar información sigue vigente. ¿Quién conoce el informe completo de Ryder Scott sobre las reservas de gas boliviano que, además, fue usado para determinar que Margarita es campo compartido con Huacaya, beneficiando ésta interpretación sólo a Repsol?

Industrialización y plantas separadoras
EP.- Ud. es crítico en torno a los logros en la industrialización del gas por parte del gobierno de Evo. Villegas dice que en esa materia están avanzando. ¿Cuál es la realidad al respecto, según su evaluación?
En junio de 2006, junto al presidente Evo Morales, luego de un viaje a Argentina, se acordó entre YPFB y Enarsa que se incrementaría la exportación de gas a ese país hasta 27 millones de metros ncúbicos diarios a un precio base de 5 dólares el millón de BTU – ese precio está ahora en torno a los 11 dólares gracias a la fórmula de actualización periódica de precios – pero que, antes de ello y como condición previa, debía estar en operación una Planta Separadora de Líquidos en el Chaco boliviano, de modo que el gas que se exporte a Argentina sea gas seco, que era lo pactado.
Extrañamente, en mayo pasado se ha incrementado el volumen de exportación de gas rico a Argentina desde el campo Margarita, operado por Repsol, con todas las moléculas de etano, propano, butano y pentanos como regalo, que es aprovechado en Campo Durán, Salta, en una refinería también de propiedad de Repsol sin que esté en operación la Planta de Extracción de Licuables en Yacuiba. Mientras tanto, Bolivia ha estado importando GLP, diesel y gasolinas.
El propio presidente Evo Morales, que el año pasado recibió a Antonio Brufeau, presidente de Repsol y le expresó su mayor confianza en su visita al campo Margarita, dice que esa Planta generará mil millones de dólares anuales cuando extraiga esas moléculas al gas exportado a Argentina. No sólo que no se ha avanzado en concreto en la industrialización del gas. Lo que ocurre es que esa exportación de gas rico está generando millonarias pérdidas a Bolivia y, mientras no se instale la Planta Separadora, la industrialización del gas es sólo un cuento.
El caso de la separadora de líquidos de Río Grande es emblemático en relación a los regalos de licuables al Brasil. Luego que Villegas firmó el adenda 4 al contrato GSA en diciembre de 2009 con Petrobras, con el que ésta se ha asegurado que se quedará con las cinco sextas partes de los licuables a su favor, Petrobras ha anunciado que instalará dos enormes petroquímicas en Tres Lagoas y Uberaba, invirtiendo 4.500 millones de dólares. Entre tanto, nosotros tuvimos que espectar con impotencia la muerte de un empresario boliviano (O’Connor) en enero de 2009, que derivó en la suspensión de la construcción de la separadora de líquidos de Río Grande, que debía extraer licuables al gas exportado al Brasil desde 2009, y ahora, en junio pasado, el triple choque que casi le cuesta la vida a un funcionario de YPFB encargado de poner en marcha las dos separadoras de líquidos en Río Grande y Chaco. ¿A quién beneficia eso? Entre tanto, el Presidente de YPFB declara desierta la convocatoria para contratar una empresa que construya la Planta de Etileno – Polietileno en el Chaco. Ese es el estado de la industrialización del gas, que tiene, además, al señor Amado Montes Barzón como un adorno en el cargo de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, sin presupuesto, proyectos ni profesionales.

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