Dos días después que el exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, denunciara que el gobierno de Evo Morales no cumple con el decreto de nacionalización 28701 del 1 de mayo de 2006, la Federación de Mineros, mediante un comunicado público, ha denunciado que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) paga al presidente de la transnacional brasileña Petrobras un sueldo de Bs 1,8 millones mensuales vía Costos Recuperables. En el mismo documento, plantea que sólo una nueva nacionalización del 100% evitará que Petrobras continúe con el saqueo de los principales campos gasíferos de Bolivia.
“La nacionalización de Hidrocarburos del 2006 permitió legalizar a esas empresas trasnacionales y continuar su política de explotación y saqueo de esos recursos sin dar lugar a los resultados contundentes de la auditoría encomendada por el propio Gobierno al Ing. Enrique Mariaca”, señala el documento difundido por el portal de Plataforma Energética.
“La FSTMB participó activamente, junto a sus sindicatos en la lucha del 2003 y 2005, en la lucha por la Agenda de 2003, significa la Nacionalización de nuestros recursos naturales sin indemnización, especialmente de los yacimientos hidrocarburíferos y mineros que se encuentran en manos de las trasnacionales”, señala el documento.
COSTOS RECUPERABLES
Además de los resultados completos de las auditorías petroleras de 2006, ordenadas por el exministro Soliz, en las que, según denunció, se evidenció fraude contable e incumplimientos de compromisos de inversión, lo que era suficiente para que YPFB retome sin pago alguno el control de los megacampos gasíferos de Bolivia, los Costos Recuperables acordados por el gobierno de Evo Morales en octubre de 2006 son también hoy un misterio que sólo conocen las autoridades de YPFB y del Gobierno, además de las petroleras que reciben esos pagos directamente en sus cuentas en el exterior del país.
Según un reporte de YPFB, que no contiene los detalles de cada rubro e ítem de pago, sólo el año 2011 se reconoció y pagó a las transnacionales que operan en Bolivia la suma de 803,35 millones de dólares por Costos Recuperables. De esa suma, Petrobras Bolivia cobró 184,06 millones de dólares y Petrobras Energía 5,06 millones de dólares.
Según la denuncia de la Federación de Mineros, en estas sumas está incorporado un sueldo mensual de 1,8 millones de bolivianos a favor del director máximo de Petrobras en Bolivia, “lo que significaría que los bolivianos estamos pagando esos sueldos con la producción de gas y petróleo actual y futura, pese a las denuncias de fraude contable e incumplimientos a inversiones revelados documentadamente en las auditorías petroleras de 2006”, según recordó Soliz Rada.
De los 184,06 millones de dólares reconocidos a Petrobras Bolivia, 25,81 millones de dólares corresponden al pago de planillas de personal jerárquico y operadores. Esta agencia no pudo conocer el detalle exacto de las planillas de personal y de sus sueldos mensuales para corroborar la denuncia de la Federación de Mineros.
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES
Al margen de la denuncia de los trabajadores mineros, se conoció que del total de Costos Recuperables que YPFB reconoce y paga a las transnacionales petroleras, incluyendo Petrobras y Repsol, el 66,78% corresponde al ítem “Amortización de Inversiones”, según la información correspondiente al año 2011. Estas inversiones son precisamente las que las auditorías petroleras citadas por el exministro Soliz han puesto en duda.
Según analistas consultados, la actual y futura producción de gas se destina a pagar dudosas inversiones pasadas, anteriores a la nacionalización del 1 de mayo de 2006. Sólo el año 2011 se destinó para ese fin la suma de 508,59 millones de dólares.
AUTORIDADES TARIJEÑAS:
“Con los costos recuperables pierde Bolivia”
Según el vicepresidente del Comité Cívico Departamental, Mario Cavero, esto pasa en todos los países, y se da en base al modelo de contrato que ha firmado el Estado como propuesta ante las empresas, donde éstas tienen una tabla de estructura laboral que está dentro de los costos recuperables; en ese marco, cuestionó la figura ya que sostuvo que a “nuestra gente” en empresas como Yacimientos se les paga muy poco y por ende reprochó la exorbitante suma.
Cavero dijo que si bien la postura corresponde a los mineros, opina que lo que se necesita en el país no solamente es un socio estratégico, sino dijo que ahora es el momento de conocer cuánto ha podido avanzar Yacimientos hasta hoy.
“Lamentablemente la industria petrolera se mueve en estratos transnacionales y lógicamente esto hace que sean economías de escala mayor con tecnologías de última generación, que al país le costaría conseguir, por lo que se necesitan socios estratégicos, como en el caso del litio”, dijo.
Por su parte, el asambleísta Johnny Torres explicó que la mentada nacionalización del MAS, que se atribuye haber recuperado los hidrocarburos para el pueblo boliviano, es falsa, ya que lo que se habría hecho es migrar de los contratos de la capitalización del MNR a un contrato por servicios, toda vez que antes se pagaban impuestos fijos que llegaban a un 50% aproximadamente, pero ahora no, pues toda la inversión de la petrolera es recuperada por la misma.
Aseguró que antes había un riesgo compartido, si la petrolera invertía en un pozo –que más o menos cuesta 50 millones de dólares- y este no daba ganancias, la pérdida era de la petrolera, por lo que los contratos se denominaban “contratos de riesgo”, en cambio ahora si la petrolera compra un clavo, una llanta o paga sueldos, lo hace en el marco de un “contrato de prestación de servicios con costo recuperable”.
“La estructura de un contrato contempla el 11% de regalías, el 4% de IDH, el 6% del porcentaje para el país, y por el otro lado ingresan los costos recuperables que enmarcan el monto referido por los mineros sobre los sueldos, eso se suma a todo lo demás, y de lo que queda libre, un 50% o 40%, la mitad es la utilidad de la petrolera y la otra mitad es la utilidad de YPFB, pese a que a la petrolera le devuelven todos los costos, de hasta la última lapicera o bota que se compra, después todavía tienen ganancia y ganan igual que el Estado”, explicó.
En esto se fundamenta el asambleísta para afirmar que el anuncio de que se hayan recuperado los hidrocarburos es solamente propaganda.
Asimismo, indicó que el Gobierno muestra todos los pozos que tienen éxito pero los que no corren con el mismo destino permanecen en la reserva informativa, “antes compartíamos de un pozo exitoso, pero de la derrota se la llevaba sencillamente la petrolera, ahora estos pozos que no progresan deben ser pagados de igual manera por el Gobierno, el 89% de la producción total son de Tarija. “De cada 100 bolivianos que gasta el presidente, 89 son de Tarija, el 80% de los recursos de Bolivia son de los hidrocarburos”, sostuvo el asambleísta.
El presidente del Comité Defensores del Chaco, Miguel Justiniano, sostuvo que tras el decreto de nacionalización del 1 de mayo de 2006, surgió la migración de contratos que dio “patria potestad” a las empresas petroleras para manejar sueldos y salarios, y no hay ninguna cláusula en ningún anexo que condicione hasta dónde son los parámetros máximos o mínimos de los salarios.
Ejemplificó que si se contrata en Repsol un profesional, nadie impone los parámetros, teniendo en cuenta que estos cuentan con relacionadores, coordinadores, asesores, y otros funcionarios que perciben salarios cuantiosos. Además, ahora, de los costos recuperables.
Mencionó que si la Federación de Mineros o la Central Obrera Boliviana (COB) reclaman el porqué de estos cobros excesivos, es debido a que todo va a la Unidad de Costos y Reposición (UCR) cuando se hacen los descargos de Yacimientos. “Eso lo pagamos los bolivianos, terminamos pagando los bolivianos todos esos montos”, expresó a tiempo de sostener que es cierto que los sueldos que ganan los funcionarios de petroleras son altos, por lo que anunció que en la Cumbre a realizarse en la siguiente semana, se planteará que se incluyan todas las dimensiones de fiscalización, más allá de las ya establecidas.
“Fiscalización en la parte administrativa y operativa de la actividad, se debe ir al núcleo y conocer los costos de la empresa, debe transparentarse el accionar del Gobierno y la empresa, la fiscalización no solamente es para la producción sino toda la dimensión de los contratos entre petroleras y el Estado. Se planteará estas y otras interrogantes en la cumbre”, explicó Justiniano a tiempo de dejar el cuestionamiento hipotético a la población sobre qué pasaría en Bolivia “¿si hoy sería el último día de producción de gas?”.
