Plataforma Energética del CEDLA
Según el reporte publicado por el centro de estudios económicos POPULI (Políticas Públicas para la Libertad) sobre el “Índice Global de la Perspectiva de Inversiones en el Sector de Hidrocarburos 2012” elaborado por el Instituto Fraser, Bolivia sería el menos atractivo, de 147 Estados, para la inversión privada en actividades de exploración y producción de hidrocarburos.
Según la encuesta, cuya metodología, orientación y sentido debiera ser un tema de discusión, Bolivia es el país menos atractivo en el mundo para la inversión privada en hidrocarburos; al contrario de Oklahoma, Mississippi, Texas y otros estados, en USA, Canadá y Europa. Este último lugar, en Latinoamérica, se encuentra al contrario de Colombia y Trinidad. Este resultado estaría relacionado con la falta de inversión en el país y, por ende, con el estancamiento de las reservas de gas natural.
Como no podría ser de otra manera, la situación de las reservas bolivianas estancadas en 9,9 tera pies cúbicos lleva a “…una necesidad imperiosa de mejorar la inversión en exploración (…) y solamente así se podría pensar en la expansión y creación de nuevos mercados.” (POPULI, 2013:4). Ciertamente, las conclusiones debieran ser preocupantes para el gobierno del MAS, pues es el organismo boliviano más preocupado por aumentar la exportación y, dizque, incrementar así la “prosperidad del pueblo boliviano”, en plena coincidencia con POPULI.
Lamentablemente, la publicación no explica el contenido de cada una de las categorías de evaluación, por tanto es muy complicado interpretar el significado de los resultados de la encuesta. Es el caso, por ejemplo, de las “Disputas y reclamos de Tierras”, que parece ser una de las categorías que constituye uno de los mayores desincentivos a la inversión. ¿Se están refiriendo los inversores a los conflictos territoriales y a la titulación de tierras por parte de pueblos indígenas? En el entendido que las demandas por titulación de tierras están plenamente validadas por el marco jurídico vigente, ¿será que los inversores esperan que los pueblos indígenas bolivianos no demanden titularidad sobre sus territorios como manda la Constitución?
Otra de las categorías que aparece como un importante desincentivo a la inversión es el “Sistema Legal”. ¿Qué debiera entenderse por esto? Dado que no conocemos el contenido de la categoría, podríamos presumir que podría tratarse de: i) el nuevo régimen contractual, que el año 2006 echó por tierra los contratos firmados bajo la Ley 1689, de la reforma liberal o; ii) ¿una general visión sobre la justicia boliviana y la independencia de los poderes? No lo sabremos hasta que POPULI o el Instituto Fraser pongan todas las cartas sobre la mesa.
En el caso de las “Regulaciones Laborales” como desincentivo a la inversión, no es necesario ser adivino para intuir que los inversores, en tanto portadores del capital, buscarán el mayor grado de flexibilización en el régimen laboral boliviano o, dicho de otra forma, cualquier avance en la dignificación del trabajo y la seguridad social de los trabajadores será considerado por los portadores del capital como un desincentivo a la inversión.
Otra categoría sugerente, por lo negativo de sus resultados, son las “Barreras de Comercio”. ¿A qué se refieren los inversores al identificarla? Hagamos un intento de aproximación: i) los inversores ¿podrían estarse refiriendo a las obligaciones para con el mercado interno?; ii) ¿será que los precios para el mercado nacional son una gran molestia?
La categoría “Estabilidad Política” aparece entre los principales desincentivos a la inversión. En este caso, no sólo desconocemos el contenido de la pregunta, sino que tampoco conocemos la metodología a través de la que el instituto Fraser o el centro de estudios POPULI encuentran que ésta es la debilidad número uno. Más allá del detalle, ¿a qué estabilidad política se referirán los inversores? Sería difícil pensar que los inversores le están llamando inestabilidad a los siete años del gobierno del MAS, en el que, luego de firmar sus contratos bajo el régimen fiscal de la Ley 3058, recibieron beneficios como los establecidos en el DS1202, incluso fuera del marco de la ley vigente. ¿Será que, en términos de inestabilidad, los inversores siguen resentidos por Octubre de 2003, la derogación de la Ley 1689 y la implantación de la Ley 3058?. Eso, sí podría ser muy significativo para los ideólogos de la economía plural.
Lo más sugerente, sin embargo, viene contenido en la lectura de las fortalezas que constituye un “sana sana” para un supuesto triste resultado: “Si bien es cierto que en el reporte 2012 Bolivia se sitúa en el último puesto (…) también se tiene que considerar que 55% de las empresas entrevistadas declararon que su actividad exploratoria (…) se incrementaría en más de 100% si el Gobierno adoptaría prácticas menos restrictivas…” y añade “…el 100% de las empresas declaran que incrementaría su actividad exploratoria en alguna medida si las condiciones regulatorias en Bolivia fueran ‘mejores prácticas’ y fomentarían la inversión en el sector…”. En otras palabras, lo que las empresas estarían esperando para invertir en exploración, pese a los incentivos fuera de la Ley que ya reciben, es que el gobierno sea menos “restrictivo” y modifique el régimen fiscal para incrementar la exploración, acrecentar reservas y buscar más mercados de exportación, mejor aún si no existiesen obligaciones con el mercado interno. Mientras tanto, nada de invertir. Buen argumento para los ideólogos de aquello de “socios pero no patrones”.
¿Qué podría esperarse de una encuesta a 623 inversores en el sector de hidrocarburos? Tristemente, nada diferente a lo mostrado por el reporte: empresas transnacionales reacias a invertir en Bolivia mientras no se modifiquen las reglas vigentes, reservas estancadas y un gobierno otorgando incentivos en busca de una inversión que no llega. El estado preciso de la llamada “nacionalización”.
