(HORA 25).- Por las profundas deficiencias y enormes vacíos del polémico proyecto de Ley Minera, analizados y expuestos por varios expertos del área en la VII Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, emergió la propuesta de iniciar el debate en todo el país para consensuar una nueva norma acorde con los intereses nacionales y el desarrollo de sus fuerzas productivas.
“Nueva Política Minera para el Desarrollo Nacional” fue el tema central sobre el cual la Cátedra Libre congregó a expertos, docentes, estudiantes, dirigentes sociales y público en general que colmaron el Paraninfo de la UMSA el martes 22 de abril, donde se rindió un sentido homenaje a Sergio Almaraz Paz, pensador y defensor de la minería nacionalizada.
El primer expositor, Héctor Córdoba, ex presidente de COMIBOL, señaló que el gobierno debe elaborar una política de estado por los próximos 20 años sobre este sector y para ello destacó lo propuesto en la Constitución Política de Estado y el Plan Nacional de Desarrollo, que considera que la empresa estatal participe, ejecute y controle en y toda la cadena minera nacional.
“La minería es una etapa que no debe ser la terminal en la explotación de los recursos naturales, en el sector, debe preponderar la metalurgia”, aseveró.
El investigador del CEDLA, Carlos Arce explicó que el proyecto de Ley Minera profundiza el modelo neoliberal al mantener en manos extranjeras y privadas la explotación de esta riqueza natural, además que está dirigida principalmente a la “extracción del excedente minero” a partir de una monetización acelerada de las reservas de minerales. No dejó de mencionar que la nueva norma debilita a COMIBOL y por tanto deja al Estado sin un ente rector.
Destacó el hecho de que convierte en irrelevante el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas al diluir su participación en un espectro más amplio de sujetos afectados, al eliminar el carácter público de las audiencias que son sustituidas por reuniones de representantes y al conferirle al Ministerio de Minería y Metalurgia la facultad de decidir en último término sobre la realización de los proyectos mineros.
“La aprobación y aplicación de esta ley, acendraría aún más el rol de productor de materias primas para el mercado internacional que ha jugado históricamente nuestro país, perpetuando el patrón de acumulación primario exportador e impidiendo que el Estado abandone su naturaleza rentista, tal como postula el discurso oficial del Vivir Bien o el Socialismo Comunitario”, apuntó al destacar que esta norma no obliga a la industrialización de los minerales.
A su turno, el economista en el tema del litio, Juan Carlos Zuleta, calificó al proyecto en ambiguo y sin perspectiva de ninguna clase. Apuntó principalmente que el texto sólo apunta como minerales estratégicos al litio y potasio, dejando –curiosamente de lado- a minerales valiosos como el magnesio, boro, sodio entre otros.
En el campo de la industrialización del litio, afirmó que todas las acciones iniciadas por el gobierno en este campo desde octubre de 2010, no están destinadas a este fin a pesar del anuncio de inversiones y la creación de plantas piloto. Destacó que gracias al impulso de nuevos emprendimientos internacionales, como la iniciada por la empresa Tesla de EEUU, que fabrica autos eléctricos, el mundo vivirá un “boom” en la demanda de litio a la cual Bolivia no puede abastecer.
A su turno el director del DIPGIS y docente de la Carrera de Ciencias Químicas de la UMSA, Justo Zapata, destacó que lastimosamente el proyecto no contempla criterios de eficiencia y cuidado del medio ambiente en la política minera. Resaltó que el ex ministro de Minería, Mario Virreira, informó que las cooperativas mineras, por sus deficiencias tecnológicas, apenas recuperan un 20% de mineral que sale de la mina en sus concentrados, comparado a la COMIBOL, que recupera 65%. Pese a su mayor eficiencia, la COMIBOL tiene una menor participación, 9%, que las cooperativas, 21%, en la producción minera. También destacó que se deberían tener indicadores de eficiencia en el empleo de insumos en la producción de concentrados tales como metros cúbicos de agua o kWh de energía por tonelada de concentrado.
Otra de sus revelaciones gira alrededor de que los concentrados de zinc, que constituyen nuestro mayor volumen de exportación minera, contienen metales como el indio, cuyo precio, 670 US$, es superior al de un kilo de plata (643 dólares), por el cual Bolivia no reporta ningún ingreso porque no está legislado y peor aún Bolivia es considerado el segundo productor del mineral de indio en el mundo detrás de China. Otros minerales como antimonio, cadmio, tantalio estarían en el mismo plano.
Por ello, consideró que la Universidad Estatal debería participar, en el marco de su autonomía y su apego a la ciencia y el desarrollo nacional, en la elaboración de una nueva política minera.
En la parte final, el experto del CEDIB, Pablo Villegas, relievó la cada vez menor participación estatal en la extracción minera, hoy del 3%, criticó que sólo un grupo de personas junto al gobierno estén consensuando una norma y la polémica se centre en unos cuantos artículo, cuando es de interés de todos los bolivianos y las observaciones son innumerables.
Según Villegas, la norma es neoliberal y reduce la reserva fiscal y convierte a la mayor parte del territorio nacional en áreas de interés minero, prohíbe a COMIBOL desarrollar actividades en la cadena productiva, libera la exportación de minerales y mantiene la flexibilización laboral.
La Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz es un esfuerzo de los docentes y estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, inspirados en la labor educativa y política del histórico líder socialista, quien centró sus energías en conocer “las causas últimas” de nuestra empobrecida nación y poder comunicarla de forma sencilla a miles de bolivianos.
