Alberto Acosta/Rebelión
LA UNIÓN EUROPEA PUEDE DARLE EL NOMBRE BONITO QUE QUIERA, PERO LA ORIENTACIÓN QUE ESTÁ TOMANDO ESTO ES LLEVARNOS HACIA UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, Y ESO NO LO VAMOS A ACEPTAR.
PRESIDENTE RAFAEL CORREA. ENLACE CIUDADANO, SÁBADO 23 DE MAYO DE 2009
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Se cierra el círculo. El Gobierno de Rafael Correa empezó con fuertes impulsos revolucionarios. La necesidad de recuperar la soberanía nacional era una de sus grandes motivaciones. Enfrentar la deuda externa, sacar la base norteamericana de Manta, alejarse del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) y oponerse a los Tratados de Libre Comercio (TLC) fueron algunos de los puntos básicos de la naciente gestión de la “revolución ciudadana”.
El Gobierno de Correa, recogiendo la lucha y el mandato de varios grupos sociales se comprometió, en sus inicios, a no dar paso a un TLC con los Estados Unidos. En el Plan de Gobierno 2007-2011 de Alianza País, escrito en el 2006, se estableció como indispensable luchar en contra de los procesos impulsados por los intereses mezquinos de las mafias corporativas en detrimento de la mayoría de ecuatorianos, como el mal llamado Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, que es una propuesta depredadora de la vida misma en tanto anuncia la profundización del modelo neoliberal y una creciente sumisión antiética del ser humano al poder monopólico del capital.
Inclusive se planteaba en aquella época que “a través de la democracia activa –con tantas consultas populares como sean necesarias– se abordarán cuestiones cruciales como el TLC”. Soplaban vientos de cambios. La democracia se perfilaba en el horizonte.
Pero, como sucede con frecuencia, angustiados por su incapacidad de cumplir sus compromisos, muchas veces con amenazas ficticias o simplemente autoconstruidas, los autodefinidos como revolucionarios terminan por concentrarse en mantenerse en el poder. El pragmatismo entierra lo revolucionario del proceso. En algún momento, la búsqueda de cambios estructurales deviene en una creciente concentración de poderes. Emerge y se consolida un caudillo. Y la misma lucha en contra de la opresión abre la puerta a nuevas formas de opresión…
Esta es la suerte inexorable de la ahora mal llamada “revolución ciudadana”, que hace rato perdió lo de ciudadano y dejó de ser revolucionaria. Las agujas del reloj, que empezaron a la izquierda, marchan irremediablemente hacia la derecha. La promesa de cambios estructurales, con la que se inició en el año 2007, llegó a su cúspide con la Constitución de Montecristi. Y desde allí se camina hacia el otro lado… La conclusión de las negociaciones del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) consagra esta tendencia, tanto como el retorno al FMI y al Banco Mundial.
LOS PREPARATIVOS PARA QUE ATRAQUEN NUEVAMENTE LA CARABELAS
El Gobierno del presidente Rafael Correa, quien se había opuesto a los TLC como profesor universitario y que luego mantuvo esta posición al inicio de su administración, consecuente con esa posición, frenó pronto las negociaciones iniciadas en septiembre de 2007 entre los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE).
Los europeos, como bloque, habían propuesto inicialmente a los andinos, como bloque, negociar un Acuerdo de Asociación. Esta aproximación, con la que los europeos incluso pretendían revitalizar la aletargada integración andina, fracasó. Bolivia anunció su retiro de la mesa de negociaciones en abril de 2008, cuestionando el acuerdo de asociación propuesto, en tanto reeditaba la lógica de los TLC.
A cambio los tres países andinos restantes en la CAN recibieron la oferta de un Acuerdo Comercial Multipartes, un eufemismo para negociar acuerdos bilaterales entre la UE y cada uno de los países andinos. Ecuador se retiró de las negociaciones en julio de 2009.
Recordemos que el Gobierno de Ecuador intentó introducir otros criterios en las negociaciones con la UE. Se hablaba de un Acuerdo Comercial para el Desarrollo, que debía agregar a las negociaciones, a más de los temas comerciales, la cuestión de la cooperación y, por cierto, aspectos políticos, como las cuestiones migratorias. Este es un punto crucial para una sociedad como la ecuatoriana, que tiene un importante número de compatriotas viviendo en Europa, no siempre en las mejores condiciones de inserción y respeto. Y por estas razones esta posición era defendida por el entonces canciller Fander Falconí. [2]
Cuando Ecuador en el 2010 demostró el interés de volver a negociar, la UE dijo tener la predisposición para conversar dejando claramente sentadas algunas cuestiones que limitaban el planteamiento del Gobierno ecuatoriano. Sobre lo político –la cuestión migratoria, por ejemplo– se dijo que la Comisión no tenía un mandato suficiente otorgado por el Parlamento Europeo y que otros temas debían ser negociados con cada uno de los países miembros. En lo referente a la cooperación apenas se mostró interés en revisar la forma de distribución de los recursos ya comprometidos para los próximos años.
Además, a los negociadores europeos les incomodaban algunos puntos de la Constitución de Montecristi. La embajadora del Reino Unido, Linda Cross, en entrevista al Diario El Universo, en el año 2011, reconoció que una complicación para concretar las negociaciones entre Ecuador y la UE puede ser la Constitución, por ejemplo, donde hay preferencia para compañías nacionales en sectores estratégicos. No vale la pena entrar a cuatro o cinco rondas de negociaciones y al final que la Corte Constitucional diga que es inconstitucional. Hay que resolver este problema antes de entrar en negociaciones [3].
En suma, lo que quedó abierto es la posibilidad de retomar los diálogos circunscritos (aparentemente) al ámbito comercial/económico. Así la negociación se enmarcó en una construcción de una suerte de acuerdo comercial recargado. En donde lo comercial es apenas una parte. Los conocidos como términos de Singapur completan el temario, que se lo plantea en las diferentes mesas de negociaciones sobre inversiones, servicios públicos, propiedad intelectual, acceso a mercados de bienes agrícolas y bienes no agrícolas, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas, política de competencia, facilitación en aduanas, comercio y desarrollo sostenible, solución de diferencias, entre otros temas que fijan los límites de las negociaciones propuestas por la UE.
Por fin el 2011, el Gobierno de Correa, que ya había empezado a flaquear en sus ímpetus revolucionarios, buscó un acercamiento con la UE para, según la comunicación oficial del jefe negociador comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, fechada el 17 de febrero, “concluir el Acuerdo Comercial Multipartes” [4], es decir aceptar la hoja de ruta y el contenido de la propuesta de la UE.
La meta estaba fijada: el Ecuador alcanzaría un acuerdo similar al de sus vecinos, es decir un TLC. En la práctica se trata de un acuerdo de adhesión a lo acordado por Colombia y Perú. Lo que quedaba por negociar son los ¨límites” y los “umbrales”, tal como lo reconoció el propio presidente Correa.
En ese año, el pragmatismo estaba presionado por el creciente déficit comercial global, que bordeaba los 1.500 millones de dólares, que coincidió con la finalización (temporal) de las preferencias arancelarias andinas (ATPDEA). Esta realidad y la ausencia de una clara e inteligente concepción estratégica de inserción en la economía mundial, crearon las condiciones para que el Régimen retome las negociaciones con la UE.
Al parecer aupada por determinados círculos gubernamentales pro TLC, la acción mediática creció para tratar de convencer a la sociedad de que esta negociación es indispensable para el país. Se exacerbó sistemáticamente el síndrome del atraso en relación a las negociaciones cerradas ya con Colombia y Perú, y el miedo a quedarse sin TLC. Incluso se llegó al chantaje burdo anticipando graves problemas si el Ecuador pierde las preferencias arancelarias europeas.
Este tipo de afirmaciones, orientadas a generar angustia en la sociedad, carecía de todo asidero. Pero caló en la sociedad. En el año 2011 un 80% de la población veía con buenos ojos los convenios de tipo TLC, cuando en el año 2006 este apoyo no llegaba al 35% (Perfiles de Opinión).
En el año 2013, una vez más afloró la presión del déficit de la balanza comercial. Nuevamente el anticipado fin de las preferencias arancelarias europeas provocó un ambiente abiertamente favorable a una rápida aceptación de los términos del TLC. La amenaza implicaba un potencial pago de aranceles: el atún, 24%; el camarón, el 18% y las rosas el 12%.
En esas circunstancias, sin realizar un análisis real sobre la inconveniencia del acuerdo, el Gobierno de Correa aceleró la negociación.
El creciente déficit comercial no petrolero, que bordeó los 9 mil millones de dólares el año 2013, hay que ubicarlo también en el contexto de las presiones fiscales de la primera mitad del año 2014. Es evidente que el Gobierno, que no tomó los correctivos necesarios de forma oportuna, no podía resolver este desbalance con crecientes restricciones a las importaciones, por lo que optó por tratar de sostener al menos las condiciones existentes en el mercado europeo. Con ello no solo que aceptó como contraparte la apertura del mercado ecuatoriano, sino todas aquellas normas y reglas que completan este tipo de acuerdos comerciales. Y de esta manera se concretó el “bobo aperturismo” que implica este tipo de acuerdos. [5]
El rumbo estaba trazado desde que se iniciaron las negociaciones. Debe quedar claro que en el acuerdo de Ecuador con la UE no había posibilidad de conseguir otra cosa. Recuérdese lo que afirmó el comisario europeo Peter Mandelson, en la Cumbre de Presidentes de América Latina y el Caribe – Unión Europea, realizada en Lima, en mayo de 2008, cuando señaló que el pilar comercial del “Acuerdo de Asociación”, antesala fracasada del Acuerdo Comercial Multipartes, era, esencialmente, un TLC y que no aceptarían otras propuestas por fuera de ese marco. Ese funcionario europeo fue categórico, cuando agregó “que quien insistiera en esas propuestas se vería excluido de las negociaciones”. Y el Gobierno de Correa, como lo vimos, no quiso que le excluyan…
Las viejas aspiraciones librecambistas de los neoliberales se impusieron. Concretadas las negociaciones con la UE, ya no sorprende que en las filas del Gobierno, directamente en el equipo negociador ecuatoriano con la UE hayan participado, al más alto nivel, personas que alentaron el TLC con los EEUU.
En síntesis, al no existir una real apertura europea para incorporar las cuestiones que tienen que ver con un verdadero diálogo político, teniendo una perspectiva profunda e incluso estructural, sobre bases de equidad no de igualdad, la cancha de la negociación quedó inclinada desde el inicio en contra del Ecuador. Y al tratarse de una partida tipo TLC, independientemente del nombre que se le ponga, Ecuador aceptó seguir siendo sobre todo un país productor y exportador de materias primas.
Así, el Gobierno de Correa, al entrar nuevamente en el tren de las negociaciones avanzadas por peruanos y colombianos, cayó por una suerte de embudo que le condujo inexorablemente a un acuerdo tipo TLC. Y lo hizo con plena conciencia de lo que se negocia. A la postre nadie le presionó.
ACUERDO MULTIPARTES O SIMPLE ADHESIÓN COMO SINÓNIMOS DE UN TLC
Haciendo caso omiso a las afirmaciones tremendistas de que sin TLC nos quedamos aislados, preguntémonos ¿qué es lo que realmente se negoció con la UE? Aclarar esta pregunta resulta vital. No es suficiente decir que el 30% de nuestras exportaciones va a Europa y que sin un TLC estarían en riesgo. Tampoco basta con resaltar que el mercado europeo tiene un enorme potencial, con sus 520 millones de habitantes.
Querer presentar el Acuerdo Comercial Multipartes, como algo diferente a un TLC, sin analizar sus contenidos, sería simplemente un engaño a la sociedad. Es cierto que en este proceso de negociación de la UE no se han hecho públicos todos los detalles de la transacción, ni conocemos todo lo acordado. Sin embargo, hay material para un primer análisis.
Como un dato para la historia de este proceso debe quedar dicho que en las conversaciones sostenidas no hubo transparencia, ni siquiera el conocido como “cuarto de al lado”, en el que podían al menos obtener alguna información representantes de la sociedad civil durante las negociaciones fallidas del TLC con los Estados Unidos. Este mecanismo servía para que fluyan algunos “chismes” sobre lo que se estaba conversando, no para transparentar las negociaciones.
Tratándose de un convenio de adhesión a lo ya suscrito por Perú y Colombia, bien se pueden anticipar sus consecuencias. Las masivas protestas campesinas en el vecino del norte demuestran quienes resultaron los perjudicados de este tipo de acuerdos TLC. A más de veinte años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que suscribió México con sus vecinos del norte, hay también suficiente información para poder concluir que no fue el camino para el desarrollo de ese país, sino todo lo contrario.
La propuesta comercial europea plantea exigencias tipo “OMC plus”, que van más allá de lo acordado en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto es también más complejo en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, por lo que incluso se ha llegado a hablar de un “ADPIC plus” [6] . Repitámoslo, estos acuerdos comerciales, que no son solo comerciales y tampoco libres, incorporan muchos aspectos como inversiones, servicios públicos, propiedad intelectual, compras públicas, política de competencia, solución de diferencias, entre otros.
Un primer resumen de las negociaciones se puede hacer a partir de las notas sobre las conclusiones realizadas por el equipo europeo, dirigida al Comité de Políticas de Comercio de la UE. [7] Allí, para empezar se señala que no se consiguieron mayores variaciones para –textual– “el ingreso del Ecuador al Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia/Perú”:
Se acordaron un número limitado de modificaciones y aumentos al texto para tomar en cuenta la inclusión del Ecuador en el Acuerdo y prever ciertas especificidades requeridas para su aplicación eficaz por el Ecuador. El balance general y las aspiraciones del Acuerdo no fueron afectados por estas modificaciones.
VEAMOS PUES ALGUNOS DE LOS PUNTOS QUE DESTACAN LOS EUROPEOS:
– Ecuador liberalizará plenamente dentro de 10 años el 96,8% de sus aranceles y el 99,5% del promedio para sus importaciones desde la UE para el período referencial de 2005-2007.
– El banano se beneficiaría con una reducción del arancel, que se iniciaría en el 2016 y concluiría en el 2020, año en que entrará al mercado europeo con un arancel de 75 euros por tonelada. Hoy Colombia y Perú pagan 110 euros por tonelada, Ecuador, 132. Para el 2020, esos países pagarán 75 euros por tonelada y a Ecuador le habría tocado pagar 114 euros.
– Ecuador se comprometió a liberalizar el 64,4% de sus importaciones en el momento en que entre en vigencia el tratado, con un incremento adicional paulatino hasta el año 17. El comercio totalmente excluido por el Ecuador representa el 0,1% del total de las importaciones para el período referencial acordado de 2005-2007.
– En término de líneas arancelarias, el Ecuador ofreció liberalizar el 59,9% en el momento en que entre en vigencia el tratado, también con un incremento paulatino hasta el año 17.
– Ecuador liberalizará sus importaciones agrícolas: el 44,2% de las líneas tarifarias y el 55,3% de las importaciones (del promedio de 2005-2007), a la entrada en vigencia del acuerdo. Luego habrá una liberalización progresiva.
– Ecuador abrirá importantes contingentes arancelarios libres de impuestos para productos lácteos. Estas importaciones representarán un total de 1.500 toneladas de productos lácteos (que significa tres veces más que las ofertas hechas por Ecuador durante el proceso de negociación). Aunque la leche líquida y el queso fresco no son parte del acuerdo, si lo es la leche en polvo, quesos maduros, yogurt y otros productos lácteos (recordemos que la leche siempre se exporta como leche en polvo). Las importaciones de lácteos crecerán por tiempo indefinido en 5% al año.
– Ecuador liberalizará totalmente sus importaciones de semillas de todo tipo, frutas, gomas, resinas, entre otros productos, al entrar en vigencia el acuerdo.
– En la carne de chancho, el Ecuador brindará liberalización total en la entrada en vigencia para las líneas de mayores transacciones (despojos y grasa de cerdo).
– La UE alcanzó sus principales objetivos sobre el acceso de productos agrícolas, incluidos productos elaborados.
– “Las excepciones en la cobertura en materia de los bienes están muy limitadas. Lo primordial es que se logró la cobertura plena en los productos farmacéuticos”.
– “En términos de servicios y servicios de construcción, el efecto está en concordancia con la ambición de los otros dos países andinos y también se aseguró la cobertura de concesiones de obras.”
– El Ecuador ofrece la plena liberalización de los productos industriales dentro de 10 años, inclusive se mejoró el trato a la importación de vehículos.
– Con la entrada en vigencia, la UE liberalizará el 99,9% de las líneas arancelarias industriales y el 100% de las importaciones de Ecuador, que representan un promedio de las importaciones de 70,1 millones de euros…
– En cuando a las bebidas alcohólicas, el Ecuador ofreció la total liberalización en la entrada en vigencia para todas las bebidas, un avance sustancial desde la oferta anterior de los 10 años.
– En términos de servicios (telecomunicaciones, financieros, de oficina, ambientales, de distribución, entre otros) el resultado está en línea con lo conseguido por los otros dos países andinos. La UE se aseguró la cobertura de las concesiones de obras.
– La oferta de Ecuador es menos ambiciosa que la de Colombia y Perú en unos pocos aspectos de relativa menor importancia para la UE , por ejemplo, una restricción poco más apretada que Perú para un porcentaje de mano de obra local ; servicios informáticos transfronterizos ; servicios auxiliares en el transporte aéreo .
– “Pese a la posición particularmente defensiva del Ecuador en el área de las adquisiciones públicas, el resultado de las negociaciones es ambicioso y en general coincide con el alcance y las aspiraciones de Colombia y Perú.”
– Para las adquisiciones estatales: “El Ecuador ha aceptado el mismo nivel de umbrales como Colombia y Perú con niveles más altos únicamente de manera temporal (durante cinco años).”
– La política de contratación pública ecuatoriana de “desagregación tecnológica” se eliminará después de cinco años.
De los puntos analizados rápidamente se desprenden muchas conclusiones, por ejemplo cabe preguntarse en qué queda la política del “conocimiento libre” que impulsa el Gobierno luego de aceptado este acuerdo. Pero sobre todo, como se puede observar luego de este breve análisis, quienes auspician estos tratados omiten que los TLC son mucho más que tratados de comercio. Nada indican sobre las sumisiones geopolíticas y económicas que implican. Nunca más volvieron a hablar de la cuestión migratoria, que fue de plano descartada. No es tema de discusión la cuestión de las restricciones sociales y ambientales que imponen los TLC. También se obvia reconocer los impactos nocivos sobre el empleo en determinadas actividades productivas, como la agraria, en particular la campesina [8]. Y lo que es absolutamente claro, se trata de un acuerdo de adhesión al Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia/Perú: un TLC.
Poco o nada les importa que los TLC congelen las estructuras productoras y exportadoras sustentadas en el extractivismo, impuesto hace más de 500 años con la llegada de las carabelas españolas. Y por cierto tampoco reconocen que son propuestas al servicio de los intereses de los capitales transnacionales.
Los riesgos y las amenazas de la negociación de estos acuerdos tipo TLC eran por demás conocidos de antemano. Bastaría con rescatar los trabajos que se elaboraron cuando el Ecuador estuvo cerca de firmar un TLC con los Estados Unidos. Pero también hay análisis más recientes, acotados a un posible acuerdo con la UE.
Basta ver el estudio preparado por investigadores de FLACSO-Ecuador y del CEDLAS/UNLP-Argentina (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata de Argentina), que se publicó en el libro “El retorno de las carabelas” (2012). Allí se establece que el acuerdo entre Ecuador y la UE generaría, a nivel agregado, efectos en términos de crecimiento económico muy pequeños, alrededor del 0,5% del PIB. En términos de generación de empleo, así como de ampliación y diversificación de actividades manufactureras los resultados son por igual muy pobres. Si se excluye el banano, las ganancias de acceso al mercado serían aún menores.
En resumen los grandes ganadores de este proceso serían los grandes comercializadores de banano, así como los exportadores de materias primas, es decir aquellos grupos que han lucrado de la modalidad acumulación primario exportadora, que son los mismos beneficiarios del extractivismo galopante del Gobierno de Correa. Hay muchos intereses económicos en juego para mantener el status quo de la “banana republic”.
Lo que resulta lamentable es que varias personas y grupos sociales que otrora se opusieron férreamente al TLC, hoy callan o, lo que es peor, tratan de “entender” el paso dado por Correa y su Gobierno. Y por cierto suenan vacios los discursos del propio presidente Correa, que ya en funciones, se mostraba abiertamente en contra de “la falacia del libre comercio”:
La idea de que el libre comercio beneficia siempre y a todos, es simplemente una falacia o una ingenuidad extrema más cercana a la religión que a la ciencia, y no resiste un profundo análisis teórico, empírico o histórico. [9]
SOBERANÍA A CAMBIO DE ESPEJITOS DEL SIGLO XXI
Este acuerdo entre Ecuador y la UE debe ser ubicado en un contexto geopolítico. Más allá de lo que representa, especialmente, para Ecuador, es necesario entender sus alcances. En el mundo se ha reforzado en estos últimos años la tendencia del neoliberalismo global. Es una Europa neoliberal y en crisis la que alienta este tipo de acuerdos, que son también impulsados por otras potencias capitalistas.
No nos olvidemos, que desde el fallido intento del Acuerdo Multilateral de Inversiones (MAI), a fines de los años noventa en el siglo pasado, el capital transnacional está empeñado en construir una suerte de Constitución para una única economía global capitalista.
El Acuerdo Multilateral de Inversiones fue un tratado internacional para la protección de las inversiones extranjeras negociado por los países pertenecientes a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en los años noventa. Fue el proceso de negociación multilateral más importante hasta esa época. Allí estaban en juego asuntos transcendentales para el futuro de la humanidad, así como para las relaciones entre los Estados. Su aprobación habría significado enormes beneficios para las transnacionales, al mismo tiempo que graves restricciones para la política y para la misma democracia. Los derechos laborales y de la pluralidad, incluyendo la Naturaleza, habrían estado en grave riesgo.
Con el Acuerdo Multilateral de Inversiones se pretendía la no discriminación a los inversores extranjeros, que deben ser tratados igual o mejor que las empresas nacionales; eso implicaba ninguna restricción de entrada para las inversiones extranjeras, así como ninguna condición en tanto los gobiernos nacionales y locales no habrían podido imponer requisitos de desempeño, como asegurar el empleo local, por ejemplo.
La oportuna reacción de varios actores, sobre todo los sindicatos europeos, lograron frenar estas pretensiones. Sin embargo, como hemos visto, no fue suficiente. El capital transnacional asimiló el golpe y buscó otros caminos. Desplegó sus mejores esfuerzos en la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero tampoco bastaron para satisfacer sus aspiraciones; algunas economías emergentes, sobre todo de los BRICS [10] lograron detener varios asaltos librecambistas de las potencias tradicionales. Este freno no significa que los BRICS representen una posición alternativa; en realidad están tratando de disputar espacios de poder a los viejos poderes mundiales.
La historia recoge varias intentonas anteriores. En nuestra región Estados Unidos ha recurrido a diversos mecanismos para asegurarse nuestro mercado y nuestros recursos naturales. Recordemos que el 24 mayo de 1888 el Gobierno norteamericano invitó a los países latinoamericanos y al entonces reino de Hawai a una Conferencia Internacional en Washington, para estudiar, entre otras cosas, “la adopción por cada uno de los gobiernos de una moneda común de plata, que sea de uso forzoso en las transacciones comerciales recíprocas de los ciudadanos de todos los Estados de América”. El uso del oro y la plata, con relación fija, debía ser consultado con las otras naciones del globo, en lo que pudo haber sido un Congreso Monetario Universal, tal como describió José Martí, el origen, la evolución y el fracaso de esta iniciativa.
Desde entonces ha corrido mucha agua por el Potomac. Varios han sido los intentos hegemónicos de Washington para consolidar esquemas de control del resto de las economías de América. Intentos que no tienen a la moneda como su único eje, pues el poder norteamericano se deriva no solo del dólar como moneda de uso internacional, tampoco basta su potencial económico, sino que su poderío se basa en el poder militar y político, así como en el cultural.
La lista de estas acciones, en las que se combinó el uso de la fuerza con propuestas diplomáticas diversas, tuvo en la Iniciativa para las Américas, en el año 1990, un antecedente reciente de la propuesta para construir el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en 1994. En ese año los Estados Unidos, Canadá y México suscribieron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que abriría la puerta a varios acuerdos de esta índole con varios países de la región. Cuando el ALCA fracasó por la movilización social continental y la oposición de Brasil, se fortaleció la vía bilateral; los TLC que también forman parte de este sueño del capital transnacional, apoyado por muchos gobiernos a lo largo y ancho del planeta; uno de ellos, el de Correa.
Tengamos presente que, de diversas maneras, este tipo de acuerdos priva a los gobiernos nacionales de poderes democráticos y concede nuevos derechos a los capitales transnacionales. Tiende a desmantelar las leyes sociales y de protección del medio ambiente. Estos acuerdos merman los poderes de los gobiernos locales e inclusive socavan las iniciativas locales. Estos acuerdos, que son negociados sin participación ni debates públicos y con la exclusión de la mayoría de la población, en síntesis, no son equitativos. Y pueden inclusive poner en riesgo la Constitución de los países, como lo he demostrado para el caso ecuatoriano: “¿Nuevas amenazas para la Constitución de Montecristi? Un TLC con la Unión Europea” (2011). [11]
A MODO DE CONCLUSIÓN
A modo de conclusión recogiendo recientes palabras del excanciller, Fander Falconí, podemos decir que:
El comercio internacional es como una boa constrictora que asfixia a sus presas antes de engullirles. Las reglas comerciales internacionales son tan injustas y desiguales que terminan por perpetuar la misma estructura productiva que se configuró en el siglo XIX. [12]
En el caso de la negociación ecuatoriana se debe considerar, adicionalmente, que esta se realizó en medio de una severa crisis de muchos países europeos, que no solo que no están dispuestos a hacer concesiones, sino que buscan en estos acuerdos mecanismos para resolver sus problemas. La negociación se produjo en un momento de auge neoliberal de la mayoría de los países de la UE, de suerte que nada que afecte dicha ideología pudo haber sido aceptado. En la UE se ha comenzado a desmontar las leyes laborales, a menoscabar el sistema de pensiones y por cierto el control estatal sobre determinados sectores estratégicos, la liberalización del sector servicios o la apertura a los productos transgénicos.
Si todas estas visiones neoliberales priman dentro de Europa, lo lógico será que desde allí se trate de exportarlas a otras regiones en función de los intereses europeos. Parece obvio esperar que la UE no firmara nada por debajo o al margen de su marco jurídico. Europa, además, busca recuperar espacios de competitividad particularmente frente a China asegurándose condiciones ventajosas en terceros países.
Como complemento hay que saber que la UE está negociando con los Estados Unidos un acuerdo tipo TLC, conocido como el Pacto Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), que puede transformarse en una suerte de acuerdo marco casi global que englobaría gran parte de la economía mundial, absorbiendo y subyugando aún más a los países que han suscrito TLC con la UE o los Estados Unidos.
Con el TLC acordado con la UE se reforzaría la posición del Ecuador como país productor y exportador de materias primas, lo que debilitaría la estrategia de desarrollo endógeno del país y por cierto mucho más las perspectivas de construir el Buen Vivir o sumak kawsay.
En síntesis, la UE tiene mucho más por ganar, mientras que Ecuador pondría en riesgo su futuro. Los TLC, llámese como sea, son herramientas estratégicas para los intereses del capital transnacional. No son de ninguna manera instrumentos de desarrollo para los países del Sur, por más que se diga solemnemente lo contrario.
El autor es Expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador.
Nota: el título de este artículo se toma del libro “El retorno de las carabelas. Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea” (2012), en el que escriben Hugo Jácome, Fander Falconí, Julio Oleas, Jacques Ramírez, Isabel Estévez, Martín Cicowiez y el autor de este texto.
[2] Conviene leer su posición en el artículo sobre las implicaciones del posible Acuerdo Multipartes con la UE, escrito con Julio Oleas, en el libro “El retorno de las carabelas” (2012).
[3] Diario El Universo, Guayaquil, 21.2.2011.
[4] Ver la carta de Méntor Villagómez, jefe negociador comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, a Gaspar Frontini, jefe negociador comercial de la UE.
[5] Cristian Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano – Americana, exnegociador del TLC con los Estados Unidos, sintetizó de qué se trata: “Ellos se comprometen a respetar los aranceles bajos del atún, así como el Ecuador se compromete a mantener los términos negociados de una patente. Si se incumple el respeto a la exclusividad de la patente, se retiran los beneficios arancelarios a otros productos. Esa es la idea de la negociación”. Ver Vega, María de la Paz (2014). “Propiedad intelectual, plato fuerte de las negociaciones con la UE”. En Gestión. Economía y sociedad. (238), abril – mayo, p. 19.
[6] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. En este tipo de acuerdos ADPIC plus las pruebas de datos llegan a 25 años, cuando en la legislación europea están en los 15 años.
[7] Note for the Atteention of the Trade Policy Committe o en español Notas para la atención del Comité de Políticas de Comercio, Bruselas, 23 de julio del 2014.
Disponible en http://ecuadordecidenotlc.blogspot.com/2014/08/informe-sobre-la-conclusion-de-las.html
[8] La política del correísmo en el ámbito agrario, lejos de los mandatos constitucionales para construir la soberanía alimentaria, favorece a unos cuantos consorcios agropecuarios, especialmente de la agroindustria y al sector exportador-importador de productos agrícolas y pecuarios.
[9] Rafael Correa; Ecuador: Ee Banana Republic a la No República, Debate, Bogotá, 2009.
[10] Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica.
[11] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122979
[12] Falconí, Fander (2014) Al sur de las decisiones – Enfrentando la crisis del siglo XXI. Quito.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.