Carlos Salinas/El País
El llamado Gran Canal Interoceánico, que el Gobierno del presidente Daniel Ortega planea construir en Nicaragua con el apoyo de Wang Jing, un empresario de Hong Kong, ha desatado una serie de protestas en las zonas que se verían afectadas por el proyecto. Miles de nicaragüenses temen perder las propiedades que han habitado durante décadas. “¡Fuera de Nicaragua, chinos!”, gritan los que han salido a la calle para quejarse.
Lo que más ha indignado a la población es el censo que los chinos han realizado durante semanas en decenas de comunidades del país. Grupos de chinos visitaban las casas de los campesinos. Se presentaban escoltados por el Ejército, sin dar explicaciones de su trabajo. “Llegaron a mi casa y me dijeron ‘deme su nombre, su cédula y firme aquí’. Yo no firmé nada porque mi firma vale”, cuenta José Jesús Vanegas López, habitante de la comunidad de Obrajuelo, a las orillas del Lago Cocibolca. “¿Si es para confiscarme, qué propuesta me dan? Nada. Después pasó un militar y tomó mi nombre”, se quejaba. Las autoridades han dicho que darán a conocer los resultados del censo a mediados de octubre. Telémaco Talavera, vocero de la estatal Comisión Nacional del Gran Canal Interoceánico, dijo que esas estadísticas servirán para discutir las indemnizaciones que se deberán pagar a los afectados por el proyecto.
“No vendemos nuestras tierras aunque las paguen a precio de oro”, decía Rafael Bermúdez, simpatizante sandinista, en una de las manifestaciones que se han organizado estos días en las zonas atravesadas por el proyecto. Él está en San Jorge, un puerto localizado a orillas del Lago Cocibolca, el enorme reservorio de agua dulce del país centroamericano, por donde pasaría el megaproyecto y que, según la Academia de Ciencias de Nicaragua, sufriría daños irreparables de construirse el canal.
El descontento ha ido en aumento. El Gobierno informó la semana pasada de que la concesionaria HKND (Hong Kong Nicaragua Development Investment) les solicitó información sobre la capacidad productiva del país para alimentar a los 50.000 trabajadores que desarrollarían la obra. Casi todos son extranjeros, lo que ha sido ya calificado por la prensa nicaragüense como una “invasión china”. Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), dijo que en una reunión sostenida entre representantes de HKND, empresarios y funcionarios de Gobierno, se habló de una necesidad “de 37,5 toneladas diarias de arroz, 25 toneladas diarias de vegetales, y unas 12,5 toneladas diarias de carne de res, cerdo y pollo, si se llega a construir este canal”. Esa es una cantidad de alimentos ingente para un país en el que varias regiones dependen de la ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la cooperación internacional para paliar la crisis de comida desatada este año por la dura sequía que golpeó a Centroamérica.
“No vendemos nuestras tierras aunque las paguen a precio de oro”, decía Rafael Bermúdez, simpatizante sandinista,
Nicaragua entregó la concesión para la construcción y gestión del Gran Canal a la empresa HKND, fundada con Wang Jing como presidente. El canal proyectado por HKND competiría con el de Panamá, en plena expansión. Tendría una extensión de 278 kilómetros, medirá unos 250 metros de ancho, con una profundidad de entre 27 y 30 metros, y contará con seis esclusas y un inmenso lago artificial. Se trata de un proyecto de proporciones gigantescas que ha sido valorado por el Gobierno en 50.000 millones de dólares.
Hasta ahora se desconoce quiénes serán los inversionistas internacionales dispuestos a comprometer su capital en el que ha sido desde siempre el gran sueño nicaragüense para salir de la miseria. En este país la construcción del canal interoceánico ha estado presente a lo largo de su historia, con 72 intentos de edificar uno, todos recordados como fracasos rotundos.
Unas protestas inéditas
En pequeñas comunidades afectadas por la ruta del canal, como San Jorge, Brito, San Miguelito, El Tule o La Unión, miles de nicaragüenses, por lo general gente pacífica, alejada de las decisiones políticas tomadas en Managua, han salido a la calle con pancartas con lemas como “¡Fuera chinos!”, en español, o “¡No vendemos nuestras tierras!” y “¡El pueblo unido jamás será vencido!”, en mandarín. Lo curioso es que en ellas participan decenas de simpatizantes del gobernante Frente Sandinista, un partido autocrático, monolítico y vertical, donde las bases aceptan con obediencia militar los dictámenes de la cúpula, liderada por el presidente Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Es la primera vez en la historia reciente de Nicaragua que el país asiste a este fenómeno, en una sociedad políticamente aletargada y que tiene miedo a nuevos conflictos civiles, como el ocurrido en los años ochenta, que dejó el país en ruinas. “No entiendo en qué estaba pensando el comandante [Ortega] cuando firmó eso [la concesión entregada a Wang Jing]. Nosotros le dimos el voto y nos hemos movilizado por él en cada elección. Y ahora nos salen con esto, sin preguntarnos qué pensamos al respecto”, dijo Fátima Duarte, concejal del FSLN en San Jorge