Las manifestaciones, marchas y protestas tienen acorralado y a la defensiva a Peña Nieto, ponen al desnudo su ilegitimidad y acentúan su descrédito internacional.
The Guardian, del Reino Unido, y The New York Times lo critican, al igual que The Economist, y hasta la conservadorísima “gran prensa” latinoamericana, así como televisiones oficiales, como el Canal 7 argentino denuncian los crímenes y la corrupción en México. En las clases dominantes mexicanas y en el gobierno de Washington –sus mandantes– hay también tendencias evidentes a tomar distancia de un servidor que les está resultando peligroso.
La protesta social en México parte ya de la exigencia “¡Fuera Peña Nieto!”, que es más que el reclamo de su renuncia voluntaria y poco menos del “¡Echémoslo a como dé lugar!” Cuando los hogares populares pasan estrecheces y soportan terribles carencias, la soberbia, la inconciencia social y la impunidad con que se exhibe la corrupción –como en el caso de la Casa Blanca– añaden nueva leña al fuego. La venta de la mansión del escándalo confirma, por otra parte, las acusaciones ya que, si la operación hubiera sido cristalina y legal, ¿por qué anularla?
Existe, por consiguiente, el peligro de que Peña Nieto, que está contra la pared, recuerde su feroz actuación en Atenco y responda a los que en su partido le piden hacer lo que Díaz Ordaz: imponer el terror estatal para ganar años en el poder. Pero la situación política y social en los años 1968-1969 era muy diferente, en México y en el mundo. El Estado mexicano era aún vigoroso y el aparato estatal estaba unido detrás del presidente. La situación económica era próspera y las exigencias sociales eran incipientes y, casi exclusivamente, de los estudiantes y pocos sectores urbanos en un país aún mayoritariamente campesino. Por otra parte, el levantamiento en armas de los obreros húngaros y polacos, en los años 50, y el triunfo de la Revolución cubana, así como las ocupaciones de fábricas y las gigantescas manifestaciones estudiantiles y obreras en París, las ciudades italianas, argentinas, en Checoeslovaquia y las luchas estudiantiles en México en 1968-1969 hacían que las clases dominantes temiesen perder el poder y, por lo tanto, recurriesen al Ejército, que aún estaba intacto y no corroído por la infiltración del ala más agresiva e ilegal del capital, el narcotráfico.
La represión aparecía entonces como una salida posible, con más ventajas que costos políticos. Hoy, después del desmantelamiento de las bases de la soberanía nacional y del propio Estado, cuando México de facto está integrado a Estados Unidos y constituye un problema interno para Washington, con un mundo en crisis prolongada, un aparato estatal en desintegración y sin consenso ni base y el gobierno de Obama en crisis, una respuesta a la Díaz Ordaz aparece como una aventura, aunque está lejos de estar excluida. Recordemos cuando Washington, para evitar el triunfo de los sandinistas en Nicaragua, quería que renunciase Somoza, cosa que éste se negó a hacer en defensa de sus propios intereses de dictador, pero poniendo en riesgo los intereses de sus patrones. El mundo político no se rige por la lógica, ya que los intereses del gran capital chocan a menudo con los de los capitalistas individuales y sus agentes.
Existe, pues, una posibilidad de que las clases dominantes tiren lastre por la borda y busquen un remplazante transitorio para Peña Nieto con el apoyo de Washington. Las movilizaciones de los indígenas y los trabajadores ecuatorianos derribaron tres presidentes, los trabajadores en Brasil impusieron la renuncia de Collor de Melo, el caracazo abrió el camino a la liquidación del poder de la oligarquía venezolana y el pueblo boliviano echó al presidente Sánchez de Losada y despejó el camino a elecciones limpias y a una asamblea constituyente. Los capitalistas perdieron en buena medida el poder político pero no la vida o sus bienes. ¿Por qué en México no podría haber una alternativa de transición con un gobierno no de los partidos del régimen sino de representantes de la que convoque elecciones general limpias y una asamblea constituyente que anule todas la leyes antinacionales, antilaborales, liberticidas y retrógradas impuestas por la alianza entre el PRI, el PAN, el PRD y los partidos paleros para responder a las exigencias de las trasnacionales?
Hay que impedir una “solución podrida” con el PRI y el Congreso al desprestigio de Peña Nieto e imponer una solución democrática y de masas. Que no quede todo en la condena a unos cabeza de turco –Abarca y otros– que permita reconstituir el bloque en el poder y preparar nuevos crímenes de Estado. No basta con la fraterna solidaridad del EZLN porque lo que se requiere urgentemente son propuestas, ideas, análisis de perspectivas. No basta con la exigencia de la renuncia de Peña Nieto si el gobierno queda en manos de los mismos. La unión entre todas las resistencias, la confluencia como el 20 de noviembre de las protestas de masas, podría en cambio dar base a un comité unitario de organización de la protesta democrática, que se apoye también en las policías comunitarias, los gremios en lucha, las autodefensas guerrerenses, las organizaciones de base de todo tipo y en asambleas de cada comunidad, colonia o centro de trabajo.
¿Estados Unidos podría intervenir? Ya lo está haciendo y lo hará cada día más si no debilitamos su poder en el país. ¿Que los candidatos a tener casas blancas despojando a los ciudadanos para enriquecerse y los que usan los bienes del Estado como propios van a reaccionar? Lo hicieron en defensa de Maximiliano y de Porfirio Díaz, pero fue posible derrotarlos. La alternativa no es pasividad y resignación para preservar la paz, sino imponer un cambio social, más degradación, más pobreza, más sumisión a Estados Unidos, más represión. No hay tercera opción.