Pedro Cifuentes/El País
El pasado miércoles, un día después de que Petrobras anunciase la designación del experto financiero João Adalberto Elek Junior como nuevo director del Departamento de Gobernanza, Riesgo y Conformidad creado para sanear las operaciones internas de la empresa estatal, la Policía Federal detuvo en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, por su implicación en la Operación Lava Jato, a Néstor Cerveró, influyente exdirector del área Internacional de la petrolera, para la que trabajó en distintos cargos desde 1975 a 2014. Cerveró, que fue inmediatamente conducido a la prisión de Curitiba donde están encarcelados los demás acusados en esta megacausa de corrupción y blanqueo de dinero, llegaba a Brasil desde Londres. Señalado por diversos delatores premiados como integrante de la trama que desvió miles de millones de dólares entre 2004 y 2013, la Fiscalía informó de que la orden de prisión preventiva se justificaba por “los indicios de que el exdirector continúa cometiendo delitos y se ocultará de la Justicia”. En concreto, acusa a Cerveró de haber transferido dinero y varios apartamentos “de procedencia dudosa” a una hija suya en las últimas semanas.
Su abogado defensor, Edson Ribeiro, afirmó a TV Globo que las razones aportadas por el Ministerio Público Federal no tienen fundamento y aseguró que no había restricción judicial o administrativa para traspasar bienes a su familia. “¿Por qué no mandan entonces detener a la presidenta de Petrobras, Graça Foster, que también transfirió inmuebles a familiares? Eso no es un crimen”, exclamó Ribeiro, según el cual los movimientos de dinero se debieron a una enfermedad de la citada hija. El abogado criticó que la detención se base exclusivamente en testimonios de delatores, destacó la permanente colaboración de su defendido con la Justicia y anunció la inminente presentación de un recurso de habeas corpus.
La Operación Lava Jato no cesa de engordar y amenaza con nublar también la segunda legislatura de Dilma Rousseff (que fue presidenta del Consejo de Administración de la petrolera entre 2003 y 2010). No hay prácticamente día, ni siquiera durante las vacaciones judiciales del mes de enero, en que el mayor caso de corrupción de la historia brasileña no acumule datos y personas a su gigantesco expediente. El diario Folha de Sao Paulo informó de que la Fiscalía General de la República dispone de “elementos suficientes” para denunciar, a comienzos de febrero (una vez finalizado el receso judicial), al expresidente de Brasil (1990-92) y hoy senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL). A pesar de que en mayo pasado el senador negó en el Congreso conocer al experto en blanqueo de dinero Alberto Youssef, la Policía Federal ha encontrado depósitos de 50.000 reales (17.400 dólares) a favor del expresidente en documentos aprehendidos a los arrepentidos de la Lava Jato. Los pagos habrían sido hechos por la red organizada por Youssef en mayo de 2013.
A pesar de que Petrobras alcanzó su récord de producción total de petróleo y gas natural en diciembre de 2014 (con una media de 2.863.000 barriles diarios), la mayor empresa estatal de Latinoamérica ha perdido un 40% de su valor bursátil en los últimos seis meses (y un 80% desde su apogeo, en el año 2008). A falta de que el Fiscal General curse las posibles acusaciones formales de políticos (se sospecha que varias decenas), 39 personas, entre ellas algunos de los mayores empresarios constructores del país, están formalmente imputadas por una red de corrupción y financiación irregular de partidos que habría desviado unos 3.500 millones de dólares en los últimos 10 años.