Fuente:
http://rodriguez-caceres.blogspot.com/2015/09/esta-usted-de-acuerdo-con-que-las.html
Gustavo Rodríguez Cáceres/Cochabamba.
Con el envío del proyecto de “Ley de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera” a la Asamblea Legislativa, el gobierno boliviano ha decidido plasmar su intención de otorgar incentivos a las compañías petroleras.
No hay ningún indicio que muestre que dicho proyecto pueda ser rechazado o alterado sustancialmente. Por el contrario, la acrítica aprobación de dicho proyecto por parte de la Cámara de Diputados, hace previsible su rápida aprobación en la Cámara de Senadores. Para el colmo, con una posible unanimidad entre la bancada del MAS (que acríticamente asume como veraz, correcto y necesario todo lo que sale del poder ejecutivo) y la bancada opositora (cuyos principales portavoces siempre han pugnado por dar mejores condiciones a las petroleras, especialmente a las extranjeras).
Una vez que el proyecto se convierta en Ley se romperá el fifty – fifty, es decir, de todo lo producido 50% para el Estado y 50% para las empresas productoras.
En efecto, si las empresas petroleras reciben un centavo más del 50% del valor de la producción, sea directa o indirectamente, en efectivo o en papeles (Notas de crédito fiscal – NOCRE), del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) o del Tesoro General del Estado, dentro de la transacción comercial de los hidrocarburos o por fuera de dicha transacción, al final de cuentas se estará alterando las actuales proporciones de apropiación de los hidrocarburos, por supuesto, en detrimento de los ingresos del país.
Esto, sensiblemente, ya ocurre con la producción de petróleo, por la cual se entrega 30 dólares por barril en forma de notas de crédito fiscal. Incentivos que, desde 2012 a la fecha, significan más de 150 millones de dólares que el país ha dejado de percibir.
Conviene recordar aquí que en julio del año 2004, se llevó adelante el “Referéndum vinculante sobre la política energética del país”. En él, en relación a este tema, se preguntaba a los ciudadanos: “¿Está usted de acuerdo con que Bolivia […] cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país, destine los recursos de la exportación e industrialización del gas principalmente para educación, salud, caminos y empleos?”
La respuesta afirmativa a esa pregunta recibió el 61% de apoyo, motivo por el cual esa determinación se plasmó en la Ley 3058 de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 8º (Régimen Económico). Se dispone que el Estado retendrá el cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de gas y del petróleo, conforme al mandato contenido en la respuesta de la pregunta número 5 de la Ley del Referéndum Nacional de 18 de julio de 2004”.
En síntesis, el 50 – 50 como proporción de distribución de los hidrocarburos fue aprobado en referéndum vinculante y, en virtud de ello, establecido por ley. Motivo por el cual, cualquier decisión que vaya a modificar las proporciones de apropiación de los hidrocarburos bolivianos no le corresponde al gobierno de Evo Morales, ni siquiera a la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino al pueblo boliviano.
También vale la pena recordar que la Constitución establece que los hidrocarburos “son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano”; de tal manera que el Estado y quienes lo administran, ejercen dicha propiedad “en nombre y representación del pueblo”; lo que, en mi criterio, obliga a nuestros gobernantes a consultar un asunto de tanta relevancia.
Tampoco estaría por demás, recordar que por mucho tiempo el fifty – fifty fue utilizado por el propio Evo Morales, el Vicepresidente y varios ministros como sinónimo de nacionalización. Por lo que vale la pena preguntarse ¿es que ahora están renegando no sólo de lo decidido por el pueblo, sino de lo que ellos mismos asumieron como nacionalización?
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http://rodriguez-caceres.blogspot.com/2015/09/esta-usted-de-acuerdo-con-que-las.html
